​Desde el pasado viernes que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó flagrantemente la Constitución de la República al revelar datos personales de un particular, en este caso el periodista Carlos Loret de Mola, el escándalo mediático no ha terminado de centrarse en el punto que resulta más preocupante de todo el cúmulo de atropellos que ello significó: el uso de información privada en contra de los ciudadanos.

Sin duda, los sistemáticos ataques que desde el régimen se lanzan -ya sin freno alguno- contra cualquier periodista que haga la mínima crítica a los gazapos de la “4t” y del presidente, constituyen una seria amenaza para una mínima normalidad democrática en el país, por lo que implica que desde el poder se pretenda acallar la voz de quien representa a un sector de la sociedad que comulga con una manera de interpretar la realidad y, en consecuencia, se informa en función de la misma. Se apellide Loret, Aristegui o Hernández.

Pero lo que hizo López Obrador el viernes rebasó cualquier límite. Y no porque se tratase de un periodista famoso que tiene recursos de todo tipo para defenderse y salir más o menos bien librado. Sino porque se abrió la puerta a la generalización de ataques de esta misma clase que para cualquier otro ciudadano de este país serían inmanejables, y que tienen que ver con un abuso descomunal del poder y un desprecio por las leyes que, sin exagerar, solo existen en los regímenes autocráticos o abiertamente dictatoriales.

Resulta que la protección de datos personales es un derecho consagrado en la Carta Magna de nuestro país, en el artículo 16, que aborda la garantía de legalidad y la inviolabilidad de la libertad personal, de la propiedad privada, de la intimidad, los datos personales y las comunicaciones privadas.

El citado numeral constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.

Aun cuando la Constitución no deja lugar a dudas, en la propaganda del gobierno difundida a través de varios de sus facilitadores, textoservidores y “cibermatraqueros” de redes se intenta posicionar la idea de acabar con la privacidad y secrecía de los datos personales y financieros de los “personajes públicos” –categoría en la que pretenden colocar a los periodistas-, bajo argumentos pueriles y violatorios de sus garantías individuales, excusándose en que a varios que hoy trabajan en el gobierno les “hicieron lo mismo” y los medios exhibieron cuánto ganan.

La diferencia es muy clara y los que no la quieren ver le juegan al “Tío Lolo”: la ley sí obliga a transparentar los emolumentos de los servidores públicos porque éstos provienen de dinero público, que aporta la sociedad a través de sus impuestos; mientras que los salarios que se perciben en la iniciativa privada corresponden a acuerdos entre particulares, con dinero privado, que solo está sujeto al correspondiente pago de gravámenes y a que su procedencia sea lícita, de lo cual ya se encarga la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria.

Abusar del poder y utilizar al aparato del Estado para dar mal uso a la información personal de los ciudadanos –cualquiera del que se trate- para amedrentarlo, exhibirlo y exponerlo es, además de ilegal, antidemocrático, autoritario y, bajo las condiciones de violencia e inseguridad que imperan en México, un acto irresponsable y criminal.

Si como algunos porristas del régimen sugirieron, se eliminan el secreto bancario y/o la protección de datos personales, ¿se imagina el festín que se daría esa delincuencia a la que el gobierno de la dizque “cuarta transformación” cuida tanto y llena de “abrazos”, mientras a los ciudadanos nos llueven mazazos?

El centro de la discusión no es Loret, sino la viabilidad para seguir viviendo con seguridad jurídica, derecho a la privacidad y, en resumidas cuentas, libertad en México. No es poca cosa.

Si no se les pone un freno ahora mismo, después no habrá marcha atrás. Y no nos alcanzará la vida para lamentarlo.

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