​Arrastrado quizás por la corriente autoritaria del régimen al que sirve, o a lo mejor porque siempre estuvo interiorizado en su verdadero yo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se ha “revelado” como un violador contumaz de la legalidad.

Las dos recomendaciones seguidas que ha recibido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhiben la manera en la que el otrora activista social, profesor de preparatoria y hasta “payasito de los mítines” se convirtió en un ser humano agobiado por sus odios, lo cual hasta parece que fuese requisito para formar parte de Morena.

Las violaciones a derechos humanos que el gobierno que encabeza ha cometido y sigue infringiendo cotidianamente, serán la marca de un sexenio sin logros ni obras de relevancia propias, que no fue capaz ni de atender –ya no hablemos de cumplir- a lo que se comprometió en los primeros minutos de su administración, y que optó por el autoritarismo. Ése del que se quejaban como plañideras cuando se los dejaba sentir con dureza el régimen priista, al que emulan como alumnos avanzados.

Lo más lastimoso es escuchar cómo Cuitláhuac García se intenta justificar. Vacío de argumentos, es capaz de decir que su gobierno no incurrió en violaciones a los derechos humanos en contra de una mujer –como se lo aventó a la cara la CNDH- porque su detención no se llevó a cabo en territorio veracruzano ni actuaron elementos de Seguridad Pública. Como si no fuese posible saber que fueron policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado –que hasta donde sabemos, forma parte de este gobierno- los que llevaron a cabo la aprehensión y a quienes se acusa de torturar y abusar sexualmente de la víctima.

Ni qué decir del delito de ultrajes a la autoridad. Desde sus infantiles excusas para usarlo como arma para reprimir a la población y encarcelar a sus antagonistas políticos, hasta los excesos en los que incurre al acusar de “defensores de criminales” a quienes en su legítimo derecho exigen su derogación –que también pidió la CNDH-, García Jiménez se hunde en un descrédito que parece no querer ver, como suele pasarle a la mayoría de los políticos carentes de madurez y capacidad para enfrentar y no perder el piso ante las veleidades del poder, que creen será eterno.

En la misma sintonía de todo el morenato, en Veracruz cualquier ordenamiento jurídico que les estorbe en sus objetivos y prejuicios es susceptible de ser ignorado, pisoteado. Incluso aun cuando haya sido aprobado por Morena mismo, como la prohibición constitucional de hacer promoción de logros y obras –la dichosa “veda electoral”- durante el tiempo que dure la campaña de participación en la consulta de revocación de mandato ¡que promueve el mismo régimen!

Cínicos hasta la médula, los gobernadores “4t” –Cuitláhuac García incluido- publicaron un desplegado en “apoyo” al presidente López Obrador en el que destacaron ¡los “logros” y “obras” del gobierno! Y cuando la autoridad les hace ver su conducta ilegal y les exige eliminar la publicación, se enojan, niegan haber cometido la transgresión que todo el mundo vio y acusan al árbitro de ser “faccioso”.

En el colmo, ante los hechos violentos que no dejan de sacudir al estado de norte a sur, Cuitláhuac y sus secuaces se atreven a hablar de “hechos aislados” y que en ciudades como Xalapa “se respira tranquilidad” en medio de ejecuciones y asaltos a mano armada, mientras en el resto de la entidad las cosas van “mejorando” y prueba de ello es que ya no se matan a balazos, solamente los ahorcan porque ya “les quitaron” las armas a los delincuentes.

Únicamente les faltó decir que en Veracruz ya solo se roban “frutsis y pingüinos”.

Palabrería

Si al morenato realmente le importara el interés público que entraña el periodismo, se ocuparía por garantizar que se ejerza con libertad y seguridad en este país, donde los asesinatos de comunicadores no paran. Y si el tema fuese verdaderamente la transparencia, podrían comenzar por explicar bajo qué criterios a La Jornada –que dirige una comadre del presidente- le dieron 185 millones de pesos durante 2021, solo por debajo de lo pagado a Televisa por el gobierno “que ya no derrocha en los medios”.  

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