​Las crudas imágenes de lo que se percibe como una especie de fusilamiento de un grupo de personas a manos de un numeroso comando de hombres fuertemente armados durante un funeral en San José de Gracia, Michoacán, son una tétrica representación de la realidad en la mayor parte del país.

A pesar de la militarización de casi todas las actividades estratégicas, incluida por supuesto la de la seguridad pública, la violencia es incontrolable y mucho más letal que la de sexenios anteriores. Incluso que la del periodo de Felipe Calderón, aquel presidente que declaró la “guerra al narcotráfico” que dejó 120 mil 563 homicidios durante todo su gobierno; o el de Enrique Peña Nieto, en cuya periodo gestión se cometieron 156 mil 66 asesinatos.

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador se perfila para ser el más violento de la historia de México, pues en la mitad de tiempo de sus antecesores, poco más de tres años, se han perpetrado prácticamente 114 mil homicidios dolosos de norte a sur del país. Una oleada de violencia que de mantenerse en el mismo nivel, superará los 200 mil asesinatos al final de este periodo de gobierno.

¿Qué ha fallado? Pues podría decirse que prácticamente todo. Desde el “culiacanazo” quedó evidenciado que los pactos entre el crimen organizado y las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad civiles se mantienen, y que hay amplias franjas territoriales en México en las que el gobierno son los delincuentes, y la ley es la que se impone a través del plomo.

Michoacán, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y por supuesto Veracruz son escenarios atroces de la violencia que en todos los niveles de gobierno se pretende ignorar, minimizar, invisibilizar o de plano negar, así esté frente a sus narices, así exista evidencia explícita de la saña y la impunidad con que los criminales imponen su voluntad a sangre y fuego, aterrorizando y sembrando pánico entre una población que se sabe desvalida y abandonada por sus autoridades.

Ante el fracaso de lo que en los hechos es una “no estrategia”, como respuesta la excusa que no falla: se trata de “herencias malditas” de otros gobiernos. Y si bien es cierto que la entronización de los criminales y la radicalización de la violencia y la inseguridad no son fenómenos que solo competan al actual régimen, escudarse en el pasado es admitir la incapacidad en tiempo presente para afrontar el que sin duda es el principal reto del país.

Por eso el presidente López Obrador no quiere que los medios de comunicación hablen de la violencia y asume que lo que se reporta es para “dañarlo” o “atacarlo”. Y llega al extremo de intentar negar hechos que sucedieron a la vista del país, recurriendo a cada vez más patéticas teorías de la conspiración para “derrocar” a su gobierno, mismas que están comenzando a dejar de surtir efecto.

En campaña, López Obrador prometió que se terminarían las masacres criminales en el país. Hace no mucho se burló de las que se reportaban en los medios de comunicación. Ahora se enoja si se las mencionan y finge que no sucedieron.

La realidad, es que México es un mar de sangre.

Ridículo monumental

Al parecer, en el gobierno de Veracruz tienen afición por el masoquismo. Tan solo este lunes, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le propinaron una tunda épica, exhibiendo la ignorancia y el autoritarismo de quienes han convertido a la entidad en el hazmerreír de México ante su interminable cadena de desatinos que, valga decir, lo que dan son ganas de llorar.

El nuevo “palo” de la Corte al Congreso del Estado por legislar inconstitucionalmente se une a varios resolutivos similares, lo que se ha vuelto la principal referencia del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, cuyo operador “estrella” en el Poder Legislativo es un zafio como Juan Javier Gómez Cazarín, que a duras penas tiene instrucción básica y en consecuencia, entiende de leyes lo mismo que de física cuántica. 

Se nota.

Email: aureliocontreras@gmail.com

Twitter: @yeyocontreras