​Aunque es innegable el fracaso de la consulta de revocación en cuanto a la meta de hacer legalmente válidos sus resultados –y a partir de eso justificar quién sabe qué otra cosa-, el ejercicio realizado el pasado domingo tiene muchos otros alcances que no hay que perder de vista.

El proceso completo en torno de la revocación de mandato fue en sí mismo un anuncio del tipo de conductas que podemos esperar del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” no solo para ejercicios como las consultas populares, sino también y especialmente para las elecciones constitucionales.

Como no se veía prácticamente desde finales de los 80 y principios de los 90, en los estertores del régimen de partido hegemónico del PRI, el proceso de revocación de mandato fue un rosario de ilegalidades cometidas a plena luz del día por quienes tienen la responsabilidad de respetar y hacer respetar las leyes en este país: las propias autoridades.

Desde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hasta los gobernadores, los legisladores, los presidentes municipales y todos los funcionarios de rango alto y medio de administraciones de Morena y aliados, se dedicaron a violar la Constitución y todas las leyes y reglamentos habidos y por haber en materia electoral, de rendición de cuentas y de responsabilidades de los servidores públicos.

Literalmente valiéndoles un carajo todo, desviaron recursos públicos de diferentes formas para promover un ejercicio que desde el principio fue inútil por la manera en la que se gestó. Tapizaron con propaganda el país usando organismos fachada –en Veracruz, uno de nombre “Unidos Todos”, que dirige el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, quien además es primo del gobernador-; coaccionaron a los transportistas para que también llenaran de propaganda las unidades concesionadas; obligaron a los empleados gubernamentales a promover la consulta en sus redes personales, a conseguir bardas para pintar leyendas en favor del presidente, a acudir a eventos masivos en los que se quebrantó sin pena el orden legal y a votar sí o sí el domingo pasado. Y por supuesto, usaron vehículos y recursos públicos para hacer proselitismo político partidista y para un acarreo realmente monstruoso, y ni así les alcanzó para siquiera acercarse al porcentaje mínimo para que la farsa tuviera efectos legales.

Todo lo anterior está perfectamente documentado porque ni siquiera les preocupó en lo más mínimo cuidar las formas, como sí hacían sus “abuelos” priistas. La arrogancia de la impunidad fue tan alta, que se pasearon en plazas públicas, promovieron acciones de gobierno e hicieron campaña abierta y cínicamente en plena veda, a sabiendas de las prohibiciones constitucionales vigentes, que ignoraron con un descaro que hasta miedo da. 

Y lo da porque lo que hicieron –con un costo de más de mil 500 millones de pesos en su organización legal, más otra millonada casi imposible de cuantificar en su promoción ilegal- es un adelanto de lo que estarán dispuestos a cometer con tal de mantener el poder en 2024. No tuvieron recato alguno para pasar por encima de la ley de una manera en la que solo lo hacen los gobiernos autocráticos y, resulta apropiado señalarlo, las dictaduras.

Fue el ensayo de un gigantesco fraude que no tendrán empacho en ejecutar si esta vez no hay ninguna consecuencia a todas las ilegalidades. El aviso ahí quedó.

El “graduado”

Quien se graduó con honores como delincuente electoral fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien entregó las cuentas que le pidieron a costa de las peores prácticas, solo superado por los rufianes profesionales de Tabasco, Chiapas y Campeche.

Su “tío Fide” también debe estar orgulloso de él.

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