​Todavía con la resaca del fiasco de la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga un enésimo informe de actividades, el primero de 2022, en su afán cotidiano de cubrir con propaganda la ausencia de resultados reales.

Con todo y eso, no le quedó de otra más que reconocer tendencias a la alza en delitos graves, como el de feminicidio, que creció 15 por ciento; extorsión, 40 por ciento, y robo en transporte público individual en un 22 por ciento. 

El presidente afirmó que “todo este esfuerzo para conseguir la paz” es “sin violaciones a derechos humanos. Sin involucramiento en masacres, sin desapariciones forzadas, como ocurría antes”.

Parece que nadie le avisó que horas antes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU publicó un demoledor informe sobre esa situación en particular, producto de la visita que realizó a México en noviembre del año pasado, cuando recorrió 13 estados –Veracruz incluido-, sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos autónomos, cientos de víctimas y decenas de organizaciones de la sociedad civil.

Lo reportado por el Comité de la ONU refleja lo que en realidad está pasando en el país. Al 26 de noviembre de 2021 –cuando concluyó la visita- había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas. Pero de éstas, se agregaron 112 desapariciones durante el tiempo que estuvo la misión de Naciones Unidas en México. 

Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. Tres de los cuales, por supuesto, corresponden a la actual administración, cuyo titular se jacta de que eso ya no sucede “como ocurría antes”.

No solo sigue sucediendo, sino que el Estado sigue siendo parte activa de las desapariciones forzadas. La ONU enfatizó que “la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos. Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.

El informe refiere asimismo que “las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.

La ONU también mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales “han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones”. Y cuestionó la desaparición de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, “ninguno de los cuales ha sido localizado”.

Y es en este punto donde puso el dedo en la llaga: “El Comité encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el dos y el seis por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, expuso el informe del Comité de la ONU, demoliendo la versión oficial del país donde no pasa nada que se cuenta sexenio tras sexenio.

Mientras el presidente le entrega el país a militares y marinos, a quienes hizo un reconocimiento durante su informe pues “sin su lealtad y sin su entrega al pueblo, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, desarrollo y bienestar”, la ONU le pidió dar marcha atrás.

“La permanente participación de la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, sentencia el reporte.

Que será ignorado, mientras el país se sigue desangrando.

Asueto

Para reflexionar, tomar energía y cumplir con compromisos personales, la Rúbrica y su autor se tomarán un descanso, para retornar a su publicación el 25 de abril. Felices Pascuas a sus lectores y lectoras.

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