​El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente sacó la carta que todo mundo esperaba mostrara desde que asumió el cargo: la del desmantelamiento del sistema electoral que le permitió acceder al poder.

La iniciativa de reforma electoral que presentó la mañana de este jueves en Palacio Nacional y que más tarde envió a la Cámara de Diputados contiene, en su parte fundamental, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) integrado por siete consejeros que serían elegidos por voto popular.

Los candidatos a consejeros del INEC –así como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- serían propuestos por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y competirían por el voto popular el primer domingo de agosto de cada seis años. Un mecanismo que por su propia naturaleza destruiría los objetivos y principios de ciudadanización y especialización de los órganos electoral y jurisdiccional, al someter a sus aspirantes a los vaivenes y la deriva de una campaña en la que terminarían por imponerse criterios partidistas y politiqueros –que son los que mueven el voto popular mayoritario-, en lugar de los de mínima imparcialidad y conocimiento de todas las áreas del sistema electoral, tanto en su organización como en su sanción legal.

Otra propuesta controversial de la iniciativa es la referente a la integración del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, que se pretenden reducir en su número de integrantes, lo que en primera instancia no suena tan mal, habida cuenta de la improductividad y chambonería que caracteriza a muchos de los legisladores que pasan con más pena que gloria por sus curules y se limitan a ser “levantadedos” en favor del poder en turno o de sus particulares intereses.

Empero, contrario a lo que se anunció originalmente en el sentido de que desaparecerían los plurinominales, la iniciativa de decreto de reforma constitucional lo que en realidad elimina es la mayoría relativa, pues ahora los diputados federales serían elegidos a partir de listas de candidatos por cada entidad federativa, que aportaría representantes en función de su porcentaje poblacional. A Veracruz, por ejemplo, le tocarían 19 diputaciones federales –de un total de 300-, que representarían el 6.33 por ciento de la Cámara baja. Para el Senado aplica un criterio similar: listas de candidatos por estado, cada uno de los cuales contaría con tres representantes para un total de 96.

Quizás el planteamiento que generará mayor debate –junto con la andanada contra el INE- será el de desaparecer el financiamiento público ordinario para los partidos políticos y limitarlo únicamente a los periodos de campaña proselitista, lo que de igual manera pareciera no ser tan mala idea, ya que la principal crítica al sistema electoral en México es su altísimo costo, lo que además embona perfecto con el discurso de supuesta “austeridad” de la “4t”.

Pero la trampa es evidente. Esta medida implicaría en realidad la desaparición de los partidos de oposición, que se quedarían sin forma de subsistir, mientras que Morena, el nuevo partido oficial en vías de convertirse en hegemónico, no tendría problema, pues en este momento tiene abierta el arca de los recursos públicos del gobierno, como quedó evidenciado con el brutal y multimillonario derroche en la promoción –ilegal, no hay que dejar de mencionarlo- de la -a pesar de ello- fallida consulta de revocación de mandato de López Obrador.

Aun cuando la oposición en las cámaras manifestó de inmediato su rechazo abierto a la iniciativa presidencial y juran que no pasará, no hay que perder de vista que el régimen presionará por todas las vías y con un alto grado de virulencia a los legisladores. La campaña de “traidores a la patria” por votar contra la reforma eléctrica tiene precisamente esa intención, a lo que se sumarán otro tipo de coerciones, en especial las de tipo legal. No por casualidad participó en la presentación de la iniciativa Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex luchador social rebajado a golpeador y verdugo del régimen.

No hay lugar para la incredulidad sobre el objetivo de una reforma de este tipo: la centralización y concentración absoluta del poder. Por eso López Obrador pretende que se apruebe lo más pronto posible, pues es ahora cuando tiene el control.

Si se aprobase en sus términos, por ejemplo, los candidatos a consejeros y magistrados electorales serían todos afines a la “cuarta transformación” que encabeza el Ejecutivo, tiene mayoría simple en el Legislativo y cada vez gana más terreno en el Judicial. Los nuevos organismos carecerían de autonomía e independencia y, en los hechos, sería como volver a la época en la que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones y las ganaba siempre, invariablemente, el partido oficial.

Pero aún si no se aprueba y corre la misma suerte de la reforma eléctrica, es predecible lo que podría ocurrir en 2024: el desconocimiento del resultado de la elección si les es desfavorable, aduciendo que el árbitro les hizo “trampa” porque es “parcial” y no se cambió por otro.

Quieren un sistema a modo para la restauración del viejo régimen del que provienen y al que añoran. Ésta es su embestida definitiva. Aquí se juega la viabilidad democrática del país.

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