​Mientras en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prefieren organizar y andar de fiesta, no hay uno solo de sus principales compromisos que haya cumplido, especialmente el que quizás sea el más sentido de todos: el de dar verdadera atención y cauce a la tragedia de los desaparecidos en el estado de Veracruz.

Este martes, grupos de colectivos de búsqueda acudieron al panteón Palo Verde, en la capital veracruzana, luego de obtener indicios de que uno de sus familiares podría estar enterrado en el área de fosa común de ese cementerio, razón por la cual elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado procederían a realizar las labores de exhumación correspondientes.

En el punto donde se encuentra la fosa en la que probablemente habría sido enterrada la persona que buscaban, se encontraron cinco cadáveres más, arrojados sin más en la sepultura, sin separación de los restos en bolsas individuales ni alguna placa o registro que los diferenciara. 

En lugar de exhumar todos los cuerpos para practicarles las pruebas de ADN que permitieran establecer si alguno correspondía con el de la persona de la que se obtuvieron los indicios de localización, los peritos levantaron solo uno de los cadáveres y regresaron los demás restos a la tierra, sin establecer criterio científico alguno para tomar esa decisión, lo que provocó un desencuentro con las activistas, la mayoría madres en busca de hijos y familiares desaparecidos, algunos desde hace más de diez años.

La displicencia de los empleados de la Fiscalía es un reflejo claro de en dónde terminaron las aparentes buenas intenciones manifestadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez el mismo día que tomó posesión del cargo: en el olvido, enterradas y desaparecidas como las miles de personas de las que se desconoce su paradero en esa enorme fosa que es el estado de Veracruz. 

Nada quedó de aquellos compromisos, que de dientes para afuera fueron muy fáciles de hacer, pero para los que no hubo voluntad política ni personal alguna para honrar. De la misma forma que con el problema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, la respuesta institucional de la administración de Cuitláhuac García ha sido la inacción, la omisión y la abulia, “maquilladas” con actos y declaraciones de utilería.

Solo de esa manera puede entenderse que al igual que el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de Veracruz permanezca sin titular, solo con una encargada de despacho cuya función no es cumplir con los protocolos ni apoyar a las víctimas, sino evadir las responsabilidades del Estado, en este caso del gobierno estatal. 

Y en ambos casos por órdenes de la misma persona: el siniestro secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien aprovechando la evidente incompetencia de García Jiménez para gobernar, se maneja cual vicegobernador y pandillero golpeador a la vez, sin que haya alguien que se atreva a marcarle un límite o ponerle un freno. Incluido el que cobra como titular del Ejecutivo estatal.

Al principio del sexenio, cuando parecía genuina la intención de atender un problema largamente ignorado como el de la violencia y las desapariciones, se incorporaron al gobierno estatal representantes de la sociedad civil y la academia con trabajo reconocido en materia de derechos humanos, como la doctora Mayra Ledesma-Arronte, quien fue nombrada como titular de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, oficina creada ex profeso para atender los fenómenos de violencia que asolaban a Veracruz por lo menos desde hace una década.

A fines del año pasado, Mayra Ledesma renunció al cargo aduciendo imposibilidad para llevar a cabo su tarea por diferencias con Eric Cisneros, quien era su superior jerárquico. Este martes, en su cuenta de Facebook, publicó un mensaje que pone en claro lo que es este gobierno, del cual -con su autorización- se reproduce un extracto:

“Hace 3 años, #SinLasFamiliasNO... Dos años después, ninguna mesa de trabajo se ha vuelto a realizar con el gobernador y las/os representantes de familiares de personas desaparecidas. Se les olvidó la Declaratoria de Programa Emergente para atender las violaciones a Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el estado de Veracruz.

“Antes de renunciar me dijeron que mejor ya no hablara con las familias, que nomás me grillaban (me dijo uno que cobra como subsecretario). Que me olvidara de diagnósticos (que no me volviera a meter con el tema de #FosasComunes), en síntesis, que ya no le moviera a la Declaratoria (origen de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos) y tampoco a lo de Migración. Uno que se dice defensor de derechos humanos (y cobra como asesor) comentó en esa reunión que si no me había dado cuenta que el discurso había cambiado, que ya no querían hablar de ‘muertos’ y ‘desaparecidos’, que si no había escuchado al gobernador, que ahora son solo los logros. Le contesté que sí, pero el que las autoridades no quisieran hablar de muertos o desaparecidos NO iba a desaparecer el problema, ni la razón del trabajo que se me había encomendado! “¿Y las víctimas? Que las atendiera la CEAAIV (sin suficiente personal y personal preparado, sin poder de decisión para contratar equipo profesional y competente, ni fortalecimiento institucional), y la Comisión de Búsqueda de Veracruz, (rebasada por la magnitud del trabajo cotidiano). 

“La Declaratoria era un Programa para atender de manera integral toda la problemática. ¿Mejorable? Sin duda! Pero ponía a las dependencias a trabajar, articulaba y se atendían a las víctimas con la Fiscalía y con todas las dependencias de gobierno estatal o federal, se atendía la agenda que las familias ponían en las Mesas estatales y regionales con el gobernador. 

“Pero se les olvidó. Las víctimas no dan votos”, sentenció Mayra Ledesma.

Así, la “transformación”.

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