​Gran indignación ha causado entre los ciudadanos veracruzanos la andanada que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez –que todos los días se esmera en ser más nefasto que sus antecesores- lanzó contra el Acuario de Veracruz, el principal atractivo turístico de todo el estado.

El miércoles pasado, personal de la Procuraduría del Medio Ambiente estatal (PMA) clausuró el Acuario de Veracruz bajo argumentos poco claros, para luego filtrar –lo que ya se consolidó como un “modus operandi” del “cuitlahuato”- que se debió lo mismo a una fiesta privada que se había celebrado en sus instalaciones que a un supuesto “tráfico de especies”. O lo que es lo mismo, la calumnia, que cuando no mancha, tizna.

Pero rupestres como son, pronto dejaron ver sus verdaderas motivaciones. Al otro día de la clausura, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que “aprovechará” para ver “cómo está la parte administrativa, para ver cómo podemos mejorar el funcionamiento” del Acuario, a la par que se quejó de que a pesar de que el Gobierno del Estado forma parte de su Consejo de Administración, es “nada más como mirones, porque cuando se hace votación al interior de la instancia donde tenemos participación, pues perdemos, gana la parte privada y ya no se mueve nada”.

“Cándido” como suele ser al hablar, García Jiménez reveló la “jugada”, que no ha sido otra que tener injerencia y controlar un espacio que maneja y genera cuantiosos recursos, pero cuya operación está en manos privadas. Lo cual también evidenciaron sus personeros en el Congreso local, como el presidente de la Comisión de Vigilancia Luis Arturo Santiago Martínez, quien no descartó que se atrevan a revocarle la concesión al Patronato, que encabeza el empresario porteño Jaime Mantecón.

Como lo del tráfico de especies es una evidente tomadura de pelo, decidieron concentrarse en la versión de las fiestas privadas en el recinto, algo que sí ha sucedido desde hace tiempo y que sin duda merece una investigación por parte de las autoridades competentes. Que no son, por cierto, las estatales. Y además, lo saben perfectamente.

Desde 2020, la PMA -que encabeza el ex perredista y ex duartista Sergio Rodríguez Cortés, “célebre” por haber sido captado en una campaña contando billetes en calzoncillos y ebrio en un tugurio-, admitió que el Acuario de Veracruz está fuera del ámbito de su competencia y que a quien toca regularlo es a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En una notificación sobre el expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-001/2020, se determinó que el Acuario de Veracruz A.C. es una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), por lo cual su regulación corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la verificación de su funcionamiento a la Profepa, de acuerdo con las leyes de Vida Silvestre y del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

Precisamente por ello, en ese año se dejaron sin efecto las órdenes y acta de inspección emitidas por la PMA al Acuario –que fueron revividas para aplicarle ahora la clausura- y solo se le exhortó a dar “debido cumplimiento a las autorizaciones expedidas” por la Semarnat.

¿Por qué contra el Acuario? Porque es exitoso –de lo que no tiene nada para presumir el gobierno estatal-, porque se ubica en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en la que el lopezobradorismo no ha logrado penetrar del todo. Y principalmente, porque su Fideicomiso de Administración maneja recursos por más de 46 millones de pesos y genera grandes ganancias a lo largo del año. Claro, tampoco habrá que descartar el tema de la extorsión.

La razón es el dinero. Y la rapacidad de una pandilla que cree que eso es gobernar. O por lo menos, a eso vinieron.

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