​En un contexto de hiperpolitización de prácticamente cualquier tema de la agenda pública, lo que provoca casi en automático la banalización del debate en torno del mismo, el fenómeno de la desaparición de personas en México resuena como un estallido en el rostro de una clase política incapaz y frívola.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, al día de hoy existen en México más de cien mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas. Cien mil. Y de acuerdo con los colectivos de búsqueda y de familiares de desaparecidos, es una cifra imprecisa y muy por debajo de la cantidad de casos reales. 

Se trata de una verdadera crisis humanitaria como pocas existen en todo el mundo. Sin temor a exagerar, de niveles catastróficos y de la que, sin embargo, en nuestro país las autoridades y hasta la ciudadanía prefieren no hablar. Como si no mencionándola desapareciera. O si no hay de otra, se le aborda soslayándola –“eso siempre ha ocurrido”- o culpando –como siempre- al pasado, que si bien carga con sus propias responsabilidades, no exime a las del tiempo presente, que son muchas y ninguna asumida.

El 83.5 por ciento de los cien mil casos confirmados oficialmente se han registrado en los últimos 16 años, es decir, desde el sexenio de Felipe Calderón y el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 31 mil 520 víctimas de desaparición. Un tercio del total, lo que desvela que en nada se ha avanzado y además, que este sexenio se perfila como el más violento de la historia del país.

Los reclamos y súplicas de las familias y las asociaciones de búsqueda de personas solo encuentran oídos sordos de autoridades que se olvidaron de sus promesas y compromisos, y que en cambio sus dichos las han colocado, más que en el terreno de la mera omisión, en el de la complicidad con los delincuentes.

En estos tres lustros, ha sido el crimen organizado el principal perpetrador de las desapariciones. Las zonas del país en las que se ha disputado con mayor ferocidad el control territorial entre las bandas de delincuentes son las que encabezan las cifras de personas de las que no se tiene rastro. Hasta la fecha.

Pero, ¿qué se puede esperar cuando el mismo presidente de México dice que a los criminales más sanguinarios y despiadados los debe “cuidar” el gobierno al igual que al resto de los ciudadanos? ¿Cuando a los peores asesinos se les debe tratar con “humanismo” y se le da esa instrucción a los elementos a cargo de la seguridad pública, que a cambio reciben ráfagas de plomo?

La cada vez más evidente connivencia entre autoridades y grupos criminales –que tampoco es nueva, pero nunca había sido tan cínica- abona a que este dantesco episodio no parezca tener fin. En todo México siguen desapareciendo personas mientras desde el Estado se lanzan todo tipo de distractores para intentar ocultar su rotundo y monumental fracaso ante una tragedia humanitaria nacional que por alguna razón, no ha provocado las condenas internacionales que merecería.

El conteo del horror se nos está haciendo costumbre.

El despojo del Acuario: consumatum est

Como los ladrones, por la noche y en lo “oscurito”, el gobernador Cuitláhuac García prácticamente “expropió” por decreto el Acuario de Veracruz para apoderarse de sus recursos. Y como punto extra, se lo entregó a uno de los políticos más corruptos que ha dado Veracruz en las últimas décadas: su procurador ambiental, Sergio Rodríguez Cortés.

Cuitláhuac ha dado el paso que le faltaba para consolidarse como uno de los peores gobernadores de la historia de Veracruz. La caída –irremediable- será dolorosa.

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