​El escándalo de los medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer embodegados y dejados caducar por la Secretaría de Salud de Veracruz es tan grave como aquella acusación que se hiciera al gobierno de Javier Duarte de Ochoa de inyectarles agua.

La única diferencia es que mientras la denuncia contra Duarte hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares nunca se terminó de comprobar fehacientemente, en este caso ha sido el propio gobierno federal el que encontró y señaló la atrocidad cometida en la dependencia estatal que hasta el jueves pasado encabezaba Roberto Ramos Alor, uno de los peores funcionarios que ha pasado por la administración pública veracruzana. Y mire que esa competencia está dura.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) encontró 884 mil medicamentos oncológicos almacenados por la Secretaría de Salud con una “caducidad menor a nueve meses”. O sea, a punto de caducar o ya inservibles.

Y no lo reportó en un informe ultrasecreto al que solo espías podrían haber tenido acceso. Lo publicó en sendos comunicados que se encuentran en su sitio web, alojado en el de la Presidencia de la República.

“El almacén central se encuentra rebasado en su capacidad y tiene gran volumen de medicamentos oncológicos y de alto costo”, subrayó el reporte que incluye la información que incrimina a Ramos Alor y a otros funcionarios de la Secretaría de Salud.

“En el almacén central de abasto de Xalapa se encontraron 884 mil 822 piezas de medicamentos con caducidad menor a nueve meses”, enfatizó y agregó que la administración del almacén estatal trabajaba en las gestiones necesarias para ver qué medicamentos estaban próximos a caducar.

A su vez, en el mismo comunicado se cita a la subdirectora de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación del Insabi, Sandra Paola Arellano Cruz, quien destacó que se hizo un rastreo de claves de medicamentos oncológicos, especialmente de etopósido y cisplatino, de las cuales no hay coincidencia en el inventario electrónico con las piezas en físico. Y agregó que durante una inspección al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se corroboró que aproximadamente 139 claves que ahí faltaban se encontraban en el almacén central de Xalapa.

El mismo día que explotó la bomba, Ramos Alor fue echado… más no defenestrado. El alfil de Rocío Nahle -la zacatecana secretaria de Energía que quiere ser gobernadora de Veracruz- fue “despedido” casi entre lágrimas por el gobernador Cuitláhuac García, quien aceptó la renuncia de su “querido amigo y correligionario”. Le faltó mencionar la palabra “cómplice”.

Ramos Alor, a su vez, anunció que se regresa al sur de Veracruz para estar cerca de su “grupo político”. Esto es, para hacer “grilla”. Ya hasta algunas plumas pagadas por el régimen –de ésas que el propio régimen dice que “ya se les acabó el ‘chayote’- lo andan promoviendo para una diputación federal. Y lo peor es que eso podría llegar a suceder. Para la “4t”, entre más corrupto, mejor.

Dentro de la Secretaría de Salud afirman que Ramos Alor solo era un “florero” que no tenía mayor injerencia en las decisiones sobre los movimientos financieros y los negocios de la asignación de contratos y compra de medicinas e insumos médicos. Y que en realidad la responsabilidad –que se estaría buscando encubrir- recae en el director administrativo, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien sería operador, para no variar, del poderoso subsecretario de Administración y Finanzas y primo hermano del gobernador, Eleazar Guerrero Pérez. El mismo que encabeza la asociación “Unidos Todos”, organismo fachada para saquear el erario.

Todo ese grupo de “hambreadores” de la salud –que en lo único que piensa es en las próximas elecciones y tiene a Veracruz sumido en un desastre total- lo que merece es la cárcel. Y sería bueno que recordaran que Duarte no creía que le tocaría, hasta que el destino lo alcanzó.

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