​Bajo el pretexto de la austeridad y un supuesto –y claramente falso- combate a la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –y los de sus “minimís”, como Cuitláhuac García Jiménez- han emprendido el desmantelamiento de programas e instituciones con la finalidad de ejercer un férreo control sin tener que rendir cuentas de nada, destruyendo en tiempo récord lo que a la sociedad mexicana le costó décadas de enorme esfuerzo y miles de vidas.

La sonada desaparición de los fideicomisos para ciencia, arte y tecnología de hace dos años fue apenas el principio de una alocada carrera por desvencijar instituciones, saquear sus fondos y dilapidarlos, al grado de que acabaron con todas las reservas financieras que se ahorraron durante el satanizado “periodo neoliberal” y ya no hayan de qué más apoderarse para financiar una administración a la que no hay dinero que le alcance para derrochar.

Como muchos de los excesos de la mal llamada “cuarta transformación” han sido expuestos y en algún momento contenidos por esas instituciones que se crearon a instancias de una sociedad que se organizó para exigir sus derechos a la información, a la rendición de cuentas, a la equidad e igualdad, a la educación de calidad y a la justicia, el régimen dirige sus baterías contra esos organismos para, si no desaparecerlos porque –al menos por ahora- no tiene la fuerza legislativa suficiente, sí volverlos inoperantes, inservibles. Y así, justificar finalmente su desaparición.

Hace poco más de dos semanas, comenzó una embestida a través de una cada vez más penosa y servil Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el derecho a la información, al echar abajo resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que eran legalmente inatacables, sentando un precedente funesto, pues abre la puerta para que los entes que manejan recursos públicos oculten su manejo bajo el pretexto de la “seguridad nacional”.

Para no ir muy lejos, la semana pasada la Guardia Nacional reservó por cinco años la bitácora y la lista de los pasajeros del avión oficial de esa corporación que utilizó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para asistir a un acto político de Morena en abril pasado en Torreón, Coahuila, para promover la consulta de revocación de mandato presidencial. La razón argüida, la predecible: dizque por “seguridad nacional”.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación reservó por tres años toda la información sobre la asistencia ¡de su propio titular! al mismo acto proselitista, justificándose en que existe un procedimiento legal contra López Hernández en el Instituto Nacional Electoral -por violar la Constitución, le faltó precisar- y por tanto, no puede hacer pública la información.

Especialmente importante para el régimen lopezobradorista es desmantelar los organismos electorales, tanto a nivel federal como local, para tomar por completo el control político del país y borrar de un plumazo cualquier posibilidad de competencia electoral libre y equitativa. Pero a sabiendas de que no tiene los votos para hacerlo a nivel constitucional, tomó la ruta de las reformas a sus leyes orgánicas secundarias para desde ahí, dejarlos en el puro cascarón.

Fue el caso también de la reforma que tras más de 20 horas de debate desapareció del Instituto Electoral de la Ciudad de México áreas sustantivas como las unidades de Fiscalización y de Género, bajo el pueril y absurdo pretexto de que “sale muy caro” y ya sabe, la “austeridad”.

En realidad se está trazando el camino para destartalar a los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas, que de por sí en la iniciativa de reforma electoral de López Obrador se plantea desaparecer para concentrar todas las funciones electorales del país en un paquidérmico y pálido ente cuya integración no garantizaría de ningún modo imparcialidad, confianza ni certeza en la organización de las elecciones. Para eso lo hacen.

El objetivo claro es desmantelar todas esas instituciones que aún representan un contrapeso al poder sin freno para convertirlas en órganos a modo de un régimen absolutamente opaco, antidemocrático y violador contumaz de la ley.

Un retroceso inmenso para un país que se desangró por alcanzar y defender sus derechos y que cayó, pavorosamente, en una trampa mortal.

“No pasó nada…”

Cada vez es mayor la certeza de la connivencia de las autoridades de la mal llamada “cuarta transformación” con el crimen organizado. 

El retén de sicarios que detuvo al “pull” de prensa presidencial en Badiraguato, Sinaloa, sin que elemento castrense o de seguridad pública estuviera ni cerca siquiera, y la respuesta del presidente minimizando los hechos –“no pasó nada”- solo dejan cada vez más en claro cuál es el significado de la “estrategia” de “abrazos, no balazos”.

Por lo demás, la reacción de López Obrador recuerda a aquella tristemente célebre del ex gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán, que cuando los empresarios le fueron a pedir ayuda porque los delincuentes los extorsionaban y secuestraban, les contestó: “pues págales, si sí tienes el dinero”.

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