​La acelerada degradación de la convivencia social que se sufre en México encuentra una de sus explicaciones en la sistemática y cada vez más descarada violación del Estado de Derecho en este país.

Tal pareciera que priva ya la “ley de la selva” en prácticamente todo el territorio nacional. Las imágenes de comandos armados hasta los dientes disputándose un mercado en Chiapas, o las de las numerosas masacres –ésas de las que el presidente López Obrador suele burlarse, porque según él son “inventos” de los “conservadores”- que lo mismo ocurren en el Estado de México que en Michoacán o Veracruz, dan cuenta de un país en llamas, en el que los criminales hacen lo que les viene en gana y controlan amplias franjas en las que no hay más norma que la suya.

Si las imágenes no bastan, vamos a los números. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –o sea, del mismo gobierno- en los tres años y medio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han cometido un total de 121 mil 642 asesinatos. Y un primer punto de comparación es inevitable: ya se superaron los 120 mil 463 homicidios perpetrados en todo el periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el que declaró la “guerra contra el narcotráfico” e instauró la estrategia de militarización de la seguridad pública. Esa misma que la actual administración no solo no desmontó –como lo prometió mil veces en campaña-, sino que la ha reforzado a niveles demenciales.

Pero para no ir muy lejos, solamente en mayo pasado se registraron dos mil 910 víctimas de homicidio y feminicidio en el país, lo que convirtió a este mes en el más violento de lo que va de este año. En México se asesina casi por deporte, mientras que las fuerzas de seguridad tienen la orden de dejar hacer y dejar pasar a los criminales, cuyas manifestaciones de violencia son cada vez más salvajes, crueles e inhumanas. Pero el gobierno también los “cuida” porque son “seres humanos”, dice el presidente.

Sin embargo, la violencia desmedida no es la única manifestación de la destrucción del Estado de Derecho en el país. La clase política gobernante no tiene prácticamente ningún freno y quebranta la legalidad ya con absoluto descaro, pasando por encima de la Constitución sin disimulo, consciente de que las sanciones son tan flácidas que bien vale la pena violar la ley en pos de las ambiciones personales.

Lo peor es cuando esas conductas son alentadas por el propio régimen gobernante, al cual literalmente le valen madre las restricciones a la promoción política personal, los actos anticipados de campaña y el desvío de recursos públicos a cielo abierto en el que incurren los aspirantes a ocupar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, con la “bendición” del propio López Obrador, a quien le encanta el juego de la “tenebra” política, tan común en los megalómanos.

Más absurdo resulta todavía que esas restricciones, esos candados legales para evitar la deleznable promoción política personal con cargo al erario fueron impulsados desde la oposición por los mismos que ahora tienen el poder, precisamente porque en ese entonces fueron víctimas de las prácticas que hoy en día tanto disfrutan y aprovechan en su beneficio. 

Por si todo lo anterior no fuese suficientemente nocivo, el desprecio por la legalidad adquiere su nivel más monstruoso cuando las instituciones del Estado son manipuladas para usarlas como arietes contra los enemigos políticos o simplemente como armas para reprimir a quien no se somete a lo que digan los poderosos en turno, que seguro creen que el poder les durará por siempre.

El caso de Veracruz en ese sentido es emblemático de todo lo que caracteriza a un régimen decadente. Con el peor sistema de justicia penal de toda la República Mexicana, el gobierno que encabeza formalmente Cuitláhuac García Jiménez es una verdadera vergüenza nacional: persigue a sus opositores, reprime a quienes protestan, legisla con las tripas –cuando legisla algo-, desacredita a la prensa crítica y humilla a la que exhibe sus dislates, mete a la cárcel a inocentes, desvía recursos públicos para promover aspiraciones políticas, se apodera de proyectos exitosos para echarlos a perder mientras vacía sus arcas. La lista podría llenar otra cuartilla.

Cuando el respeto por la ley deja de ser importante y ésta se violenta sistemáticamente, la viabilidad misma del Estado se pone en riesgo. Y eso alienta las conductas antisociales, la inseguridad, la violencia.

Total, ¿la democracia? ¿La ley? ¿A quién chingaos le importa?

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