​La violencia en México ha sido el tema central de la agenda pública en las últimas semanas muy a pesar del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus voceros, oficiales y oficiosos, que quisieran que no se hablara de eso o que la responsabilidad recayera únicamente en “el pasado”.

El asesinato de dos jesuitas en Chihuahua la semana pasada a manos de quien ahora se sabe es un conocido y sanguinario delincuente en la región, cimbró al régimen lopezobradorista ante la oleada de críticas hacia su estrategia de seguridad, la que el presidente llama de “abrazos, no balazos”, y que en los hechos ha significado una puerta abierta a los criminales para cometer todo tipo de atrocidades ante la mirada –literalmente- de las fuerzas armadas, que han sido maniatadas para actuar por órdenes superiores.

El crimen contra los sacerdotes provocó una airada protesta de la comunidad jesuita –una de las más influyentes y preparadas dentro de la Iglesia Católica-, que puso el “dedo en la llaga” de las omisiones del Estado que han llevado a esta crisis de violencia desmedida.

“Hechos como estos no son aislados. La sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos.

“Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad. Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y paz, a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales.

“Al denunciar lo ocurrido hacemos notar también el dolor que vive nuestro pueblo por la violencia imperante y nos solidarizamos con tantas personas que padecen esta misma situación, sin que su sufrimiento suscite empatía y atención pública”, sentenció la Compañía de Jesús en un posicionamiento que le puso los “pelos de punta” a “ya saben quién”.

Tanto, que este lunes se lanzó en contra de los religiosos, algo inusitado en el presidente, aunque en congruencia con la visceralidad que caracteriza sus reacciones a cualquier crítica.

“Nuestros adversarios, con sus voceros y ‘achichincles’, tratan de confundir, desinformar, manipular, diciendo ‘qué barbaridad, nunca había habido tanta violencia en México como ahora’. Pues no es cierto. (…) Todo eso se les olvida, incluso hasta a los religiosos, con todo respeto, que no siguen el ejemplo del papa Francisco, porque están muy ‘apergollados’ por la oligarquía mexicana”, generalizó, como suele hacer para desacreditar.

Pero el papa Francisco estuvo lejos de convalidar al gobierno mexicano. Por el contrario, el pontífice –que también es jesuita- la semana pasada lamentó el crimen en Chihuahua: “expreso mi dolor y consternación por el asesinato en #México, anteayer, de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios”, publicó a través de Twitter.

La maquinaria propagandística del gobierno –lo único que realmente le ha funcionado al régimen- intentó torcer las palabras del pontífice argentino para hacerlas ver como un aval a la estrategia de inacción gubernamental contra el crimen organizado, cuya verdaderas causas son cada vez más evidentes.

En su edición de esta semana, el semanario Proceso publicó una entrevista con quien refirió como un “alto mando de la Guardia Nacional”, que aseguró la existencia de un presunto “acuerdo” entre jefes militares con el Cártel de Sinaloa. 

“Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo. Eso lo sabemos dentro de la Guardia Nacional y es algo muy conocido entre narcos y (otros) criminales. Esto no viene de Palacio Nacional, emana de los militares”, sostiene el entrevistado por el semanario, que por obvias razones resguardó su identidad.

Más allá de si se le otorga mucha o poca veracidad a una fuente anónima, lo cierto es que la condescendencia del gobierno supuestamente izquierdista de López Obrador con las fuerzas armadas es tan alarmante como obvia. A grado tal, que reivindicó el papel de los militares en la llamada “Guerra Sucia” de la década de los 70, durante la ceremonia de apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por Hechos Ocurridos entre 1965 y 1990, entre gritos de protesta de los familiares de los desaparecidos por el propio ejército mexicano en esa época. 

Nada parece que vaya a cambiar en los tiempos por venir. López Obrador está empecinado en mantener su “estrategia” mientras los militares se empoderan –política y económicamente- y el crimen organizado se apodera por completo de amplias franjas territoriales de México, donde no hay otra ley ni otro gobierno que el suyo.

O como lo definió este lunes Porfirio Muñoz Ledo, en abierto rompimiento con el régimen del que hasta hace muy poco formó parte y apoyó: “continúa el amasiato entre autoridades y crimen organizado. Otorga estabilidad condicionada a los gobernantes, pero genera RIOS DE SANGRE en la población”, publicó en Twitter. 

Ni cómo contradecirlo.

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