​Siempre que se acerca o llega la quincena en Xalapa, los operativos de compañías privadas de grúas -en complicidad con la Dirección de Tránsito del Estado- arrasan con los automovilistas en una ciudad con grandes problemas de movilidad, como lo es la capital veracruzana.

Basta darse una vuelta por las zonas estudiantiles de la ciudad, en especial la Rectoría de la Universidad Veracruzana, o en las que se prestan servicios de salud, como los hospitales y clínicas del IMSS y el ISSSTE, el Centro de Especialidades Médicas y la Secretaría de Salud estatal, para ver cómo los operadores de las grúas –siempre acompañados arriba de sus unidades por agentes de Tránsito del Estado- se dan vuelo levantando automóviles en lugares en los que no existen señalamientos claros sobre dónde sí y dónde no es posible estacionarse.

Particularmente en las zonas hospitalarias, los afectados son pacientes y sus familiares que acuden, evidentemente, a atender cuestiones de salud y que no encuentran en dónde dejar cerca los vehículos en los que les resulta indispensable transportarse, lo que además de todo termina siendo inhumano, pues no solo cargan con un problema médico y muchas veces están en condiciones precarias, sino que acaban como víctimas de esa rapiña oficialmente consentida.

Sobran testimonios de afectados por estas prácticas abusivas, que deben pasar por un martirio para recuperar sus vehículos. Si bien les va, se lo llevaron a un “corralón” dentro de Xalapa –en la colonia Revolución y en la avenida Américas, los más socorridos- y la cuota del arrastre no será tan alta. Si traen una “nube negra” acompañándolos ese día, su coche fue a dar a un “corral” en El Lencero y ahí sí, habrá que perderle “cariño” a más de dos mil pesos por todo el “chistecito”.

El abuso es total. Y además, solapado por la Dirección de Tránsito del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Sabido es que los agentes –que sin ninguna justificación andan trepados en grúas de particulares “cazando” coches- tienen cuotas quincenales de autos asegurados que entregar y, por si fuera poco, reportar que fueron arrastrados por las compañías privadas. Para que a todos les “salpique” el atraco.

Adicionalmente y para que el cobro sea más alto, en las boletas de infracción se reporta que la falta cometida es “grave”. Casi equiparando un mal estacionado con un asalto. Por lo que vale la pena cuestionarse, ¿quién está detrás de estas compañías –Gatsa, Grúas Méndez y Grupo Garrido, por mencionar tres- y con quién se están “mochando”?

Estos abusos han sido denunciados desde hace tiempo. Pero ninguna autoridad hace caso. Ni el Ayuntamiento de Xalapa –cuya Dirección de Tránsito debería regular ese servicio en la ciudad- y mucho menos el gobierno estatal, que a pesar de su discurso retórico e ideologizado, contrario a la privatización de servicios que sí debieran ser públicos, este negocio no lo toca ni de chiste.

¿Será porque hay funcionarios que se están llenando las alforjas con lo que se queda la administración estatal por concepto de multas, de 400 pesos en promedio por vehículo? ¿Tendrá algo que ver que una conocida familia xalapeña propietaria de medios de comunicación, que siempre fue megapriista hasta que conoció las “bondades” de la “cuarta transformación –diputación incluida-, está metida en éste y otros “bisnes”, de esos que “ya se acabaron”?

En defensa del “moche”

No podía ser de otra forma. El gobernador Cuitláhuac García le dio un “espaldarazo” a su impresentable procurador ambiental, Sergio Rodríguez Cortés, llevándolo a su conferencia de este jueves en palacio de gobierno para que negara que extorsiona empresarios a cambio de no clausurarles. Ni modo que dijera que sí. 

Aunque a un “moche” de 147 millones de pesos no se le dice que no, ¿verdad?

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