​Un tema que convenientemente se había dejado en el archivo del olvido y que fue retomado por Porfirio Muñoz Ledo para demostrar la existencia de corrupción en la dirigencia nacional de Morena, hizo carambola en Veracruz.

En una entrevista con el periodista Claudio Ochoa Huerta, Muñoz Ledo le mostró los documentos de una investigación sobre presunto financiamiento ilegal de Morena con recursos públicos y en la cual salieron a relucir los nombres de varios políticos de la autoproclamada “cuarta transformación” del estado de Veracruz.

Dicha investigación, según refiere el periodista en una columna publicada el pasado viernes en El Universal, “recoge los presuntos métodos de financiamiento de Mario Delgado desde que llegó a la dirigencia del partido” y menciona que “en todas las hojas aparecía como principal operador Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación en la época de Olga Sánchez Cordero al frente de esa oficina; luego Rocío Nahle, secretaria de Energía, y también Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz”. 

De acuerdo con la investigación –apunta Ochoa Huerta en su columna a partir de los documentos que le mostró Muñoz Ledo-, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado “tendría, al menos, dos orígenes de financiamiento, orquestados por Peralta: 

“1.- Las aduanas. El documento denuncia que cuando Ricardo Peralta fue subsecretario de Segob vendió la operación de distintas aduanas del país, desde uno hasta cinco millones de dólares. Eso dejó la ventana abierta para el ingreso ilegal de mercancías, sin pago de aranceles al gobierno, pero sí a alguien más. El operador identificado en la investigación es Filiberto Trinidad, conocido de Ricardo Peralta desde la universidad. 

“2.- El huachicoleo. El documento denuncia que, a través de las aduanas de Tuxpan, Progreso, Nuevo Laredo, Matamoros, Tijuana y Mexicali, Peralta traficó hidrocarburos líquidos ‘en negro’, es decir, sin pagar arancel. Según el esquema, el operador de esta maniobra está identificado como Alfredo Treviño, quien sería primo hermano de Ernesto Pérez Astorga, exsecretario de Economía (sic) en el gobierno de Cuitláhuac García y senador suplente que tomó el lugar de Ricardo Ahued cuando este sustituyó a Peralta en las aduanas. Así se mantuvo el control. Alfredo Treviño también está ligado a Rocío Nahle en la investigación, aunque sin mayor detalle”, puntualiza el periodista, siempre en alusión a los documentos que le mostró Muñoz Ledo.

Esta información al parecer estaría ligada a una investigación abierta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2020 en contra de los directores de las Aduanas de Puerto Progreso en Yucatán, Abel Cárdenas Lara, y de Tuxpan en Veracruz, Guillermo César Calderón, y que en su momento se manejó como una de las causas por las que renunció a la Dirección General de Aduanas Ricardo Ahued, quien habría salido “por piernas” ante la posibilidad de quedar “embarrado” en actos verdaderamente graves no solo de corrupción, sino hasta de crimen organizado.

Muñoz Ledo, quien tiene un retorcido “colmillo” y sabe muy bien lo que hace y dice, debería hacer pública la información para saber hasta dónde llega la responsabilidad de todos los políticos aludidos, pues no es un secreto el uso patrimonialista e ilegal que, por ejemplo, se hace en Veracruz de los recursos públicos para la promoción política personal, para el financiamiento de campañas y para el pago de los operadores de las mismas.

Esto solo vendría a explicar el tamaño del hedor que sale de esa cloaca.

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