​Nunca en la historia del México contemporáneo se había observado una obsesión y una sumisión al militarismo como la del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, que se dice de izquierda, “progresista” y “humanista”.

Ni siquiera en el sexenio de Felipe Calderón, que sacó al ejército a las calles para legitimarse en el poder, se le concedieron a las fuerzas armadas las canonjías que han recibido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que les ha entregado una cantidad enorme de poder… y de dinero.

Y no se lo ha dado a la tropa, a “los de abajo” –como le gusta expresarse al demagogo-, sino a las cúpulas militares, que antes se mantenían discretas, en un bajo perfil público y no se metían -al menos abiertamente- en política, y que hoy están desatadas ante la posibilidad real de que el lopezobradorismo termine de entregarles el país.

La militarización total de las tareas de seguridad pública ha sido un deseo largamente mantenido por la clase castrense mexicana, mismo que intentó obtener de manera legal desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que no logró gracias al rechazo de la sociedad civil y de gran parte de quienes eran oposición entonces y que, hoy en el poder, quieren borrar con la cola lo que hicieron con el pico.

La presión de los militares sobre la autoridad civil para que se les entregue por completo, formal y permanentemente el control de la Guardia Nacional es muy evidente y no es casualidad que se haya intensificado de cara a la recta final del sexenio, en la víspera de las elecciones estatales de 2023 y la sucesión presidencial de 2024.

Por ese tamiz pasan las reformas –inconstitucionales- a las leyes secundarias de la Guardia Nacional aprobadas por la “aplanadora” morenista –que no puede negar su rancio y autoritario ADN priista- en el Congreso de la Unión, sin moverles una sola letra, tal cual se las envían desde Palacio Nacional. Y de igual manera, la iniciativa con la que el PRI –traicionando a sus votantes en las elecciones intermedias del año pasado- le asegura a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional hasta 2029.

Semejante urgencia solo puede entenderse dentro del contexto político-sucesorio, como una manera de “sellar” el “pacto” con los militares para que éstos, a su vez, mantengan su “lealtad” no al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no al país, sino a un régimen que busca la continuidad a toda costa y por lo que se ve, al precio que sea.

​Los símbolos y mensajes de los militares son cada vez más agresivos y menos sutiles. Desde la propaganda de la Guardia Nacional advirtiendo a la población que “tus acciones en el mundo virtual pueden tener consecuencia en la vida real”, en referencia a lo que se publica en redes, hasta los discursos oficiales, como el que pronunció el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante el acto conmemorativo de la defensa del Castillo de Chapultepec y la “gesta” de los “Niños Héroes” durante la invasión norteamericana en 1848. El general Sandoval salió a dar uno de los discursos más politizados y amenazantes que haya dado un titular de la Sedena en la historia reciente del país con un mismo objetivo: justificar la militarización y advertirles a sus críticos. 

“Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos, generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada misión de servir a su país”, dijo, mientras los representantes civiles de los tres poderes del Estado, aplaudían. Incluido uno que antes se oponía a la militarización y resulta que “cambió de opinión”.

Sandoval aseguró que ante la población “siempre vamos a actuar con apego a la legalidad en cada uno de nuestros actos para garantizar su protección y defensa ante amenazas que atenten contra su integridad, seguridad y bienestar”. Lo cual no podría acreditar ni con su propia conducta. Si no, que le pregunten por la masacre de Allende, Coahuila, en 2011.

Ningún régimen militarizado ha respetado nunca los derechos humanos, en ninguna parte del mundo, en época alguna y bajo el sesgo ideológico que se quiera. No está en la formación castrense, que busca aniquilar al enemigo, no prevenir los delitos. Pero ilusamente –y perversamente muchos-, varios defensores de la militarización desde la “izquierda” creen que algo cambia porque ahora gobierna un régimen que dice que no usaría al ejército contra el “pueblo”.

A menos que el pueblo también “cambie de opinión” en 2024.

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