​El proceso para aprobar en el Congreso de la Unión la extensión de la militarización de las tareas de la seguridad pública, marcó la ruta que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” buscaba para doblar a la oposición e intentar –con altas probabilidades de lograrlo- destruir el sistema electoral que ha costado más de 40 años construir en este país.

Por medio de la coacción, la amenaza, el chantaje y el soborno, el gobierno que iba a “transformar la vida pública del país” aprovechó las falencias, miserias y larga cola de los legisladores de varios partidos “opositores”, a los que se les acabó la valentía cuando les dieron a escoger entre sus posiciones políticas –sería darles demasiado crédito creer que tienen convicciones- y su libertad o sus intereses.

Así, de manifestar posiciones totalmente contrarias a lo que representa un retroceso histórico como la militarización, los legisladores colaboracionistas del régimen de pronto le encontraron “virtudes” a las iniciativas redactadas en los cuarteles militares, a las cuales solo les agregaron promesas de “transparencia” y “rendición de cuentas” que a la primera oportunidad, los jefes castrenses incumplieron.

Lo mismo está sucediendo en los congresos locales. Diputadas y diputados que llegaron a sus legislaturas enarbolando un plan de acción y una postura programática por la cual sus electores votaron y los pusieron en sus curules, traicionaron a sus votantes y se sumaron sumisos a los designios de un régimen que cada día es más violento, verbal y políticamente, sin que se pueda descartar que llegue a otros niveles.

Ahora, van por la reforma que más le importa al lopezobradorismo: ésa que le permita perpetuarse en el poder como a su abuelo el PRI, para lo cual necesita destruir lo que se le tuvo que arrancar por la fuerza al régimen priista, que es la posibilidad de elecciones libres, con certeza sobre el sentido y el conteo del sufragio.

Con todas sus fallas –al fin, creación humana-, el sistema electoral que opera en México desde principios de la década de los 90 permitió un real equilibrio y división de poderes, rendición de cuentas y alternancia en el poder, condiciones mínimas para hablar de un sistema democrático, junto con la libertad de expresión.

Todo eso está en riesgo de perderse si se llega a aprobar la malhadada iniciativa de reforma electoral con la que el morenato pretende hacer retroceder al país 50 años en materia política, prácticamente a un estadio como el de las elecciones de 1976, en las que el candidato oficial de plano no tuvo competencia alguna enfrente y, como él mismo lo reconoció con cinismo, con que su mamá votara por él, ganaba. López, también se apellidaba.

Pero a diferencia de aquel López –Portillo, quien entendió que esa simulación era insostenible y promovió la apertura del sistema para que al menos existiera realmente la oposición y tuviera voz en las cámaras-, el actual López añora los tiempos del echeverriato, época en la que se afilió al PRI y éste era el partido hegemónico, aunque en términos de competencia y alcances, era el único.

La reforma electoral por la que va el régimen es un bodrio sobre el cual se pronunciaron especialistas de 61 países que conforman la Comisión de Venecia y que advirtieron que socavaría la confianza ciudadana, al provocar ineficiencia en la organización de elecciones.

La Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesoría legal sobre cuestiones constitucionales en materia electoral- destacó que la parte más preocupante de la reforma de marras es la idea de que “el pueblo” elegirá a las autoridades electorales, pues esto lo único que garantiza es que dichas autoridades sean afines al partido en el poder, mientras que la elección de diputados y senadores por listas nacionales –plurinominales, a diferencia de lo que en la propaganda se quiere hacer creer- afectará la pluralidad, pues ante un escenario como el actual, ganarán los partidos grandes y con más recursos a su disposición. El que esté en el poder y sus rémoras, para decirlo claramente.

Pero Morena y López Obrador eso es precisamente lo que buscan, un mecanismo para controlar por completo el sistema electoral, manipular los resultados y borrar cualquier rastro de pluralidad, lo que invariablemente llevaría al autoritarismo, y que con el añadido de una clase militar más que empoderada, entronizada, significaría la muerte de la democracia en México.

La embestida está en marcha. Y lo más asqueroso de todo son los colaboracionistas y facilitadores que saldrán con pretextos a decir que si se le hacen cambios cosméticos a la propuesta, la aprobarán. 

Ésos, como en otras épocas y contextos, terminarán siendo vomitados por la historia por su traición al país.

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