​Ya suena hasta ocioso señalarlo, pero a pesar de las gigantescas evidencias de la corrupción y el desprecio por la legalidad que privan en el actual sexenio, tanto a nivel federal como estatal, hay quien todavía se cree la perorata de la “honestidad” y el “no somos iguales” que pervive en el discurso de quienes hoy gobiernan y con lo cual hacen propaganda.

Por todos lados hay evidencias enormes de que la ley es letra muerta en las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores morenistas, que han superado con creces a varios de sus antecesores de PRI, PAN y PRD. Y eso que la vara estaba bastante alta.

Lo que actualmente priva es una suerte de primitivismo político autoritario, en el que la clase gobernante viola la ley a placer, convencida de que no habrá consecuencias para su proceder arbitrario. Y ése es el mayor problema. La corrupción y el quebrantamiento generalizado de la legalidad solo son posibles cuando existe impunidad. Y en el escenario actual, ésa es la regla y para nada la excepción.

El hermano del presidente puede ser evidenciado recibiendo dinero en efectivo y reconocer que se destinó para actividades políticas y no va a pasar nada; una gobernadora puede presentar en la televisión pública de su estado audios y chats obtenidos de manera ilegal y no va a pasar nada; otro gobernador del Golfo es balconeado en informes de la Sedena por apoyar a un grupo del crimen organizado mientras su policía se dedica a asesinar y desaparecer personas y no va a pasar nada. Absolutamente nada.

Esa grotesca situación quedó vívidamente plasmada en el Índice Global de Estado de Derecho 2021-2022, elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP), que evidencia la anulación en la práctica del imperio de la ley en el país, así como en entidades como la de Veracruz.

Según los resultados del estudio dado a conocer este jueves, México se ubica en el lugar 115 entre 140 naciones evaluadas en materia de adhesión al Estado de Derecho, cayendo dos sitios respecto del año anterior. 

En una escala de 0 a 1, en donde cero representa una ausencia de Estado de Derecho y uno una fuerte adhesión, México obtuvo 0.42. En 2021 obtuvo un puntaje de 0.43 y se ubicó en el sitio 113 de 139. Vamos para atrás y se nota en el día a día.

El ranking evalúa ocho aspectos: ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. 

En el combate a la corrupción, México obtuvo una evaluación de 0.26, ubicándose en el sitio 134 de 140. Nada raro, la mayor percepción de corrupción en México se da en el Poder Legislativo. Y si volteamos a ver cómo se están aprobando las leyes en el país, no hay manera de no coincidir con esa conclusión. 

Específicamente, en el Veracruz gobernado por Cuitláhuac García son sintomáticos los resultados. La entidad veracruzana se ubica en la posición 23 de las 32 entidades federativas, con un puntaje de 0.38 en su adhesión al Estado de Derecho. Esto es, por debajo de la media.

Las principales falencias en Veracruz son prácticamente las mismas que las identificadas por World Justice Project el año pasado y se encuentran en la procuración e impartición de la justicia. 

En materia de justicia civil, Veracruz ocupa el lugar 32, el último a nivel nacional, con un puntaje de 0.28. Las variables a considerar fueron si las personas conocen sus derechos (0.27); acceso a la información y asesoría legal asequible en casos civiles (0.30); justicia civil asequible y sin procesos burocráticos (0.18); justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción (0.35); justicia civil de calidad (0.33); justicia civil expedita (0.20); ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil (0.21).

La justicia penal no está mejor; se ubica en la posición 30 de 32 y en todo sale reprobada: investigación penal eficaz (0.17); procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz (0.21); derechos de las víctimas (0.40); debido proceso legal (0.30); justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción (0.30); y sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos (0.38).

Sobre la corrupción, la percepción sobre si hay ausencia de la misma en el Ejecutivo estatal tiene un puntaje de 0.38, en el Judicial de 0.37 y en el Legislativo de 0.31, mientras que en las instituciones de seguridad y procuración de justicia es de 0.28.

Con una fiscal y una presidenta del Poder Judicial que actúan por consigna y a las órdenes del Ejecutivo; con una policía podrida que secuestra y asesina; y con un gobernador que protege delincuentes en su gobierno y en su entorno cercano, que persigue a sus adversarios políticos con todo el poder del Estado y que hace proselitismo electoral adelantado con absoluto descaro, pues no podrían ser otros los resultados.

El Estado de Derecho está anulado en México y Veracruz.

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