​Contra lo muy poco –siendo generosos- que se ha construido en los cuatro años del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, cobra una dimensión enorme todo aquello que se ha destruido y lo que se busca todavía destruir en los dos años restantes del sexenio.

Quizás lo más grave que el lopezobradorismo ha demolido, junto con las instituciones y programas de salud y educación que desapareció para quedarse con sus recursos, es la percepción sobre la importancia del respeto a la legalidad.

Los gobiernos y políticos de la “4t”, empezando por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, son un ejemplo de cómo ignorar de la manera más bizarra las normas, con un cinismo que asquea.

El caso del documentado plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sintetiza lo que ha representado este sexenio para el mantenimiento de los mínimos estándares que permitan hablar de un Estado de Derecho: el vacío, la burla.

Lo que en cualquier otro país con una pizca de valores democráticos –y vergüenza- hubiese significado una renuncia automática, asombrosamente en México es un circo del absurdo: por un lado, una ministra y abogada espuria que se aferra a un cargo para el que no tiene merecimientos ni credenciales académicas ni éticas; y por el otro, instituciones a las que les tiembla la mano para aplicar la ley, anular su título fraudulento y destituirla, aterrados ante la previsible reacción autoritaria del régimen que la colocó en la Corte no para impartir justicia, sino para defender sus intereses.

Cada minuto más que pasa Yasmín Esquivel como ministra del máximo tribunal del país significa un mayor y más grave socavamiento de la confianza y el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que tiene un impacto directo en ambas instituciones, pilares una de la ley y la defensa de la constitucionalidad, y la otra de la educación superior del país. 

De ese tamaño es el daño que se causa al país solo con este caso, pero que a los pandilleros que gobiernan les tiene sin cuidado. “No me vengan con eso de que la ley es la ley” es la frase de López Obrador que resume a la perfección lo que sucede.

Pero no es lo único. El desvío de los recursos gubernamentales para hacer política partidista ha elevado la impudicia y el descaro a una nueva dimensión, en la que ya ni siquiera importa guardar las formas, como quedó de manifiesto con la reunión a la que convocó el pasado fin de semana el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández –quien a su vez está en campaña proselitista por todo el territorio nacional- a los gobernadores y dirigentes de Morena, para pedirles que intervengan y operen en los procesos electorales en puerta. Solo que lo hizo en las instalaciones de la dependencia que encabeza, no en las de su partido.

No es que en los regímenes anteriores no se llevaran a cabo prácticas similares, desde luego. Solo que sabían la importancia de no dar motivos para una impugnación jurídica que pudiese desembocar en la anulación de una candidatura o una elección, sobre todo a partir de que en 1997 se quebró el régimen de partido hegemónico que el neopriismo morenista busca restaurar.

Ahora ni siquiera les importa exhibirse como unos crápulas que se burlan de la ley, pues para ello tienen a ministros como Yasmín Esquivel en la Corte o al “magistrado billetes” en el Tribunal Electoral. Y para eso es precisamente la embestida del régimen contra las instituciones electorales: para debilitarlas, cooptarlas y reducirlas a oficialías de partes del gobierno. Como en los tiempos de Manuel Bartlett y la “caída del sistema”.

Hoy, el sistema democrático construido durante las últimas tres décadas en el país -que con todo y sus fallas y carencias garantizó tres alternancias partidistas en la Presidencia de la República y cientos más a nivel estatal y municipal, tras 70 años ininterrumpidos de un solo partido en el poder- se está cayendo a pedazos gracias a un régimen que apunta al fracaso histórico y cuyo único legado para México será el de la destrucción del Estado de Derecho y de las instituciones que costaron la sangre y la vida de miles de mexicanos.

Incluida la de verdaderos militantes de la izquierda democrática, que repugnarían en lo que terminaron sus “compañeros de lucha”.

Desacato

En Veracruz andamos en las mismas. Como si nada, en contubernio los tres poderes del estado desacatan un amparo de la Corte y mantienen secuestrado el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

El propio Cuitláhuac García admitió hace una semana el desacato a la orden de detener el nombramiento de nuevos magistrados: “el Tribunal está trabajando. Recuerden que el amparo no detuvo los trabajos del Tribunal”.

-¿Con los nuevos magistrados?- le cuestionaron.

-Con los nuevos magistrados- aceptó García Jiménez.

¡Qué bendición!

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