​Este miércoles, el Senado de la República ratificará lo que falta del llamado “Plan B” electoral promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La cerrazón y el autoritarismo de un régimen que, irónicamente, no ve ni oye a quienes disienten –exactamente de la misma forma como los ignoraban y avasallaban en el “periodo neoliberal”- ha quedado de manifiesto con su negativa a dialogar siquiera con los sectores de la sociedad civil que se le oponen para, por lo menos, escuchar lo que tienen que decir.

Esto, en un afán desbocado por debilitar a tal grado el sistema electoral del país que de ninguna manera se pueda evitar que se enquisten en el poder y con ello, dar marcha atrás a las luchas democráticas que, por estúpido que parezca, encabezaron muchos de quienes hoy aplauden su destrucción.

Es por ello que les irrita tanto la marcha que para protestar por la embestida antidemocrática del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se celebrará en más de 80 ciudades de la República –nueve de ellas en el estado de Veracruz- este domingo 26 de febrero: no soportan que la sociedad se organice fuera de la férula de un gobierno que pretende controlarlo todo, incluso la manera de pensar, como en cualquier autocracia bananera.

La campaña para descalificar a los órganos electorales y a quienes los defienden está fuera de toda proporción y rebasa cualquier límite de la ética política democrática mínima: desde los órganos del Estado, en los tres niveles de gobierno, se sataniza, se estigmatiza y, más grave aún, se miente a los mexicanos para hacerles creer que los órganos electorales que permitieron tres alternancias presidenciales –incluida la de quien hoy gobierna- no sirven, no funcionan y avalan fraudes.

A esa campaña de propaganda falaz se suma la abulia de unos partidos de oposición absolutamente incapaces de proponer nada, atados a sus propios intereses y limitados por la enorme cantidad de “cadáveres en el closet” con los que son maniatados, coaccionados y hasta prevaricados para que traicionen –que trabajo no les cuesta tampoco- el mandato que se les dio en las urnas.

Es que en ese contexto una protesta nacional de ciudadanos le viene mal a la visión del “paraíso” del pensamiento único que pretende imponer el obradorato ante la opinión pública. Simplemente no encaja con el guion que sus propagandistas extranjeros (¿pero qué tal su discurso nacionalista?) han armado para implantar la idea de que “todo” el “pueblo” está de acuerdo y muy “feliz”. 

Más allá de sus “encuestas” a la medida, la exigua convocatoria a sus consultas populares y la votación de las últimas elecciones intermedias –con abstencionismo incluido- demuestran que no es la realidad como la intentar pintar.

Ahora bien, ¿qué caso tiene marchar a toro pasado, días después de que se ratifique la regresiva reforma electoral en el Senado? ¿Va más allá de ejercer el derecho al pataleo?

Y la respuesta es sí. Aunque en el ámbito legislativo no hay más que se pueda hacer –algo para tomar en cuenta también a la hora de votar en 2024-, todavía queda la vía del Poder Judicial, la última estación para evitar un retroceso de cuatro décadas.

Morena retrasó lo más que pudo la ratificación de la reforma electoral en el Senado para darle menos tiempo a los opositores de presentar las controversias constitucionales que pueden frenarla. Su aprobación dará pie a que avance la vía judicial y se emita una sentencia antes de que venza el plazo legal para hacer modificaciones al marco electoral.

Es ahí donde cobra importancia la voz de la sociedad que no está de acuerdo con regresar a la época del partido hegemónico y cuasi único. Protestar y exigir respeto a la pluralidad y a la libertad de elegir autoridades es un derecho que hoy más que nunca hay que hacer valer.

Pero al final, el balón se colocará en la cancha de la Corte, que este martes dio una muestra de lo importante del papel que jugará en este momento histórico del país.

Ante las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores de oposición, contra los apartados del “Plan B” que ya fueron aprobados en materia de reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas –que entre otras cosas, permiten a los funcionarios y autoridades hacer campaña electoral abierta desde sus cargos-, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, concedió una suspensión para que no se apliquen dichas enmiendas en los procesos electorales en curso en los estados de México y Coahuila.

El ministro Pérez Dayán consideró que de no concederse la suspensión, la aplicación de esas reformas “podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.

De ese tamaño lo que está en juego en México en estos tiempos.

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