​Como era de esperarse, la cantada invalidación de una parte del bodrio legislativo llamado “Plan B”, con el que el lopezobradorismo pretende desfondar a los órganos electorales, provocó una reacción furiosa del régimen en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con especial rabia misógina, contra la ministra presidenta Norma Piña.

Sin mayores argumentos para defender el desaseo con el que la mayoría obradorista ha sacado éstas y otras leyes en el Congreso de la Unión, y que es el punto central de la anulación de la reforma electoral motejada como “Plan B”, los voceros, textoservidores y hasta altos funcionarios de la “4t” salieron a las redes a acusar, por un lado, una inexistente violación a la división de poderes porque según ellos, la Corte sustituyó al Poder Legislativo; y por otra parte, a farfullar sobre que a los legisladores los eligió la mayoría del “pueblo” mientras a los ministros no. Otra perogrullada.

No hay ninguna violación a la división de poderes. La Suprema Corte simplemente hizo uso de una de sus facultades legales, que es el control constitucional. Esto es, que una de sus principales funciones es garantizar que las leyes no se opongan o quebranten la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el máximo ordenamiento jurídico del país.

Lo que los nueve ministros que anularon el “Plan B” resolvieron es que ese primer paquete de reformas político-electorales es inválido por las evidentes violaciones al procedimiento legislativo en que incurrieron los diputados y senadores, al votarlas sin deliberación, sin análisis en comisiones y, lo más grave, sin siquiera haberlas leído primero, prueba de la brutal abyección y falta de probidad de los “levantadedos” legisladores obradoristas.

El otro “argumento”, el de que las supuestas mayorías que respaldaron con su voto a los legisladores debería volver intocables sus reformas, por torpes e ilegales que sean, movería a la carcajada de no encerrar ese espíritu autoritario tan característico de Morena y del obradorato, que busca aplastar y borrar a las minorías, olvidándose de cuando ellos mismos estaban del otro lado de la mesa. 

Y es eso precisamente, el gen autoritario incubado en su ADN priista, lo que está brotando como pus desde el régimen, que amenaza, amaga y juega con la idea de dejar de respetar de una vez por todas las reglas del juego para inventar uno nuevo -que en realidad es bastante viejo y arcaico-, en el que solamente ellos ganen.

Así lo dejó ver en un tuit el indigno e impresentable secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien cree que con sus actitudes de porro se va a ganar la nominación a la candidatura presidencial. “Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”.

¿Qué quiso decir López Hernández con esto? Pues que van a ir con todo a la elección de Estado para arrebatar lo que no puedan ganar en las elecciones del año entrante, en las que además de la Presidencia de la República, se renovará también el Congreso de la Unión. Y no es especulación. 

En estados como Veracruz es descarada la operación electoral que desde ahora despliega el gobierno estatal, cuyo titular, Cuitláhuac García, ya le entró también de lleno a la “mapachería” que tanto le criticaron al PRI, así como al más vulgar porrismo.

En medio del clima de linchamiento contra los ministros, desde Veracruz los legisladores locales de la “4t” fueron secundados por el titular del Ejecutivo para arreciar el asedio que contra la Corte llevan semanas ejecutando grupos de choque de Morena afuera de sus instalaciones, con todo el sello del obradorismo más violento.

Este clima de crispación y enfrentamiento entre poderes no augura salidas institucionales. Soplan vientos golpistas de los que hay un gran responsable: el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al instigar los ataques a los ministros -ahí sí, vulnerando la división de poderes- está estirando la liga de tal manera que está a muy poco de desconocer a la Corte y provocar una crisis política y social de consecuencias incalculables.

Y mire que estaba difícil disputarle a Echeverría y a López Portillo el título del peor gobierno de la historia moderna del país. 

El último clavo al ataúd

Donde el autoritarismo y la miopía también campean es en el PRI, que al extender el periodo de la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas hasta pasadas las elecciones de 2024, está martillando el último clavo de su ataúd.

Y con ello, el de la alianza opositora.

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