​Como ha quedado más que demostrado en los últimos días, las autoridades de los tres poderes del estado de Veracruz no tienen el mínimo empacho en violentar mujeres, tanto de manera simbólica como también a través de hechos concretos. 

La apología del feminicidio del sábado pasado, con los ataúdes con la imagen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Piña, fue solo una de las tantas maneras y casos en los que desde funcionarios menores hasta el mismo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, embrutecidos de poder, han ejercido violencia contra las mujeres desde que están en el gobierno.

Se cuentan por decenas las denuncias por acoso sexual dentro de la propia administración estatal de Veracruz, mismas que las autoridades dicen que atienden y sancionan. Pero la realidad es que solamente actúan cuando alguno de estos hechos se hace público y comienza a afectarlos. 

La dependencia que concentra el mayor número de denuncias por acoso y violencia contra las mujeres es la Secretaria de Gobierno. Amarga ironía, pues es precisamente ahí en donde está sectorizado el Instituto Veracruzano de las Mujeres –que se ha pasado todo el sexenio de Cuitláhuac García sin una titular, solo con una encargada de despacho que si jamás alza la voz por lo que ahí sucede, menos aún lo hace por las víctimas al exterior- y es además la cabeza del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres.

El titular de dicho sistema no es otro que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien ha sido denunciado por agredir a una diputada local y que se encargó personalmente de cargar uno de los ataúdes con la imagen de la ministra Piña en la ridícula concentración de demagógica violencia del morenismo veracruzano afuera de la Corte el fin de semana pasado. 

Ese mismo funcionario es quien habría provocado la renuncia de una ex secretaria de despacho del gobierno estatal, a la que habría acosado sexualmente con tal grado de violencia, que prefirió dejar el cargo, ante la indolencia y complicidad de Cuitláhuac García, que según versiones recogidas por quien esto escribe, simplemente se lavó las manos.

Con todos estos agravantes, no es casual que Veracruz ocupe los primeros lugares nacionales en violencia contra las mujeres. Por más que intenten maquillar las cifras reclasificando los delitos para que los números les sean más “favorables”.

En su más reciente reporte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó que entre enero y abril de este año se cometieron 23 feminicidios en Veracruz, lo que coloca al estado en el segundo lugar nacional en este delito, solo superado por el Estado de México con 36 y con uno más que Nuevo León y Oaxaca, que registraron 22 feminicidios.

Es preciso recordar que las cifras del SESNSP se basan en los datos que las propias fiscalías de las entidades de la República le envían a partir de las denuncias y carpetas de investigación abiertas. Son, pues, datos oficiales.

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, sin embargo, documentó en el mismo periodo de enero a abril de 2023 un total de 30 feminicidios, 30 homicidios de mujeres, 297 desapariciones y 132 agresiones, de acuerdo con otro reporte reciente.

No puede afirmarse que esos feminicidios sean una consecuencia directa de las conductas de las autoridades estatales. Pero sin duda responden a un patrón, en el que desde el gobierno estatal a las mujeres se les invisibiliza, se les acosa, se les agrede y, como vimos, se hace apología de la violencia feminicida de manera grotesca, vil y vulgar.

Claro. En sentido “figurado”, dice Cuitláhuac García.

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