​El próximo domingo se celebrarán las últimas elecciones previas a la sucesión presidencial.

Los comicios en Coahuila, pero sobre todo los del Estado de México han sido vistos tradicionalmente como la antesala de la elección presidencial, una especie de termómetro para medir y anticipar las estrategias para la batalla del año siguiente.

Según las mediciones acerca de las preferencias electorales, el resultado que veremos la noche del domingo será más o menos el que se preveía desde hace meses: el Estado de México entregado por el gobernador Alfredo del Mazo a Morena y Coahuila retenido por el PRI, como premio de consolación por los “servicios prestados” al régimen por Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira Álvarez.

Aunque hizo una buena campaña y exhibió las muy evidentes carencias de Delfina Gómez, a Alejandra del Moral difícilmente le alcanzará para al menos emparejarse con la morenista. Tanto por el descrédito del PRI, mismo que se ha acrecentado gracias a las “chicanadas” de su dirigencia nacional, como por la absoluta ausencia de apoyo del gobernador Del Mazo, que con ello se garantiza impunidad y se protege de la furia del régimen obradorista, que ya sabemos cómo se las gasta cuando no se hace lo que quiere. Y de paso, a ver qué embajada le toca.

En Coahuila, Morena postuló como candidato al empresario carbonero Armando Guadiana, un sujeto de lo más folklórico, copia al carbón de un personaje de “Los Supermachos” de Rius –Don Perpetuo del Rosal, representación del viejo político priista, cacique y corrupto, que tan bien ha encajado en la mal llamada “cuarta transformación”-, que nunca logró crecer y que además fue boicoteado por los aliados de la “4t”, los partidos Verde y del Trabajo, que apenas unos días antes de las elecciones han decidido “apoyarlo” –a la de a… fuerzas-, cuando ya la elección parece estar resuelta.

Más allá del resultado que al final se dé, en ambos estados se han estado ensayando varias de las más socorridas trampas del sistema político a lo priista para hacer fraude electoral: compra y coacción del voto, desvío de recursos públicos para la propaganda proselitista y en general el uso del aparato del Estado para influir en los votantes a través de dádivas. O amenazas.

En eso consiste justamente el llamado “Plan C” al que convocó el régimen luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la primera parte de la reforma electoral que debilitaba a los órganos electorales y permitía a los funcionarios hacer proselitismo en abierto: en avasallar a las instituciones y a los ciudadanos para alcanzar el muy priista “carro completo” y apoderarse no solo de la Presidencia, sino del Congreso de la Unión. 

De lograr ambas cosas en 2024, lo siguiente será despedazar al Poder Judicial para someterlo, desactivar la división de poderes y retornar sin ambages a la presidencia imperial, autoritaria y represora. La “cuarta transformación” del viejo PRI, con su nuevo nombre y piel, pero en esencia la misma cosa.

El domingo veremos el ensayo de una elección de Estado. Sí podía saberse.

¿Manita de puerco de la Segob?

Si este miércoles liberan a Viridiana Bretón, a Cirio Ruiz y a los otros tres cafeticultores presos por las venganzas y autoritarismo de Cuitláhuac García, será no porque hayan reconocido el abuso de poder que ya es marca de la casa en el gobierno de Veracruz, o porque se hayan dado cuenta que se trataba de una injusticia, sino por una intervención al más alto nivel.

La de la Secretaría de Gobernación.

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