​La nueva chapuza legaloide del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es realmente demencial.

La mañana de este lunes, la juez del distrito de Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en Xalapa e incomunicada por más de cinco horas, lapso durante el cual sus familiares la reportaron como desaparecida.

El motivo de la detención de la impartidora de justicia fue que un día antes, el domingo, cometió la “imperdonable” decisión de acatar un amparo, algo que ya ha quedado más que claro que al régimen de la falaz “cuarta transformación” le importa un rábano, pues lo suyo es violar la ley y desacatar flagrantemente al Poder Judicial federal. Lo cual, por cierto, en algún momento tendrá consecuencias penales para varios de ellos.

El amparo le fue concedido a Itiel Palacios García, a quien la Fiscalía General del Estado de Veracruz –el brazo ejecutor de las venganzas y trapacerías del Ejecutivo estatal- le imputa la autoría material del homicidio calificado del ex diputado y líder ganadero Juan Carlos Molina el 19 de noviembre de 2019.

Las razones de este amparo, como las de muchos otros que concede el Poder Judicial de la Federación, fueron el desaseo, la incompetencia y la ausencia de elementos de prueba contundentes en la integración de la carpeta de investigación. O en términos más concretos, al pésimo trabajo de la Fiscalía estatal, que no es novedad.

Más allá de las razones esgrimidas por la justicia federal para amparar al imputado, para la juez no cupo duda alguna de cuál era su deber: acatar la sentencia de uno de los poderes de la Unión, mismas que están por encima de las resoluciones del fuero local.

De acuerdo con lo que los propios familiares de la juez Sánchez Hernández han narrado, fue citada este mismo lunes en la capital del estado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre –la misma que cuando asumió el cargo prometió “apegarse” a los “principios” de la “4t”, en lugar de defender la legalidad y la Constitución- quien le habría reclamado que acatara el amparo y también la habría amenazado con que se atuviera a las consecuencias.

Las consecuencias llegaron muy pronto. La juez se dirigió hacia la sede de la Fiscalía General del Estado, donde fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual ya de suyo es una irregularidad y una violación al debido proceso, porque a la corporación que le compete hacer detenciones por órdenes de aprehensión es a la Policía Ministerial.

Hubo una razón para ello. De acuerdo con las denuncias de Ingrid Gómez, hija de la juez, su madre fue incomunicada por los policías estatales –cuya brutalidad es bien conocida, con varios detenidos que “repentinamente” se les han muerto en los separos-, quienes le habrían sembrado drogas y la habrían obligado a percutir un arma de fuego para acusarla de agredir a los “indefensos” uniformados.

Solo con escuchar los “motivos” que dio el gobernador Cuitláhuac García para justificar la detención, resulta evidente que este caso se trata de una represalia, de las que tanto le gustan al mandatario: “sospechan” que tenía comunicación con el abogado de Itiel Palacios, tanto así que sus familiares ya lo esperaban afuera del penal donde se encontraba recluido en Coahuila y en donde fue reaprehendido, pues fiel a su costumbre, la fiscal Verónica Hernández Giadáns se sacó de la manga nuevos delitos para imputárselos. La marca de la casa.

El sexenio de Cuitláhuac García pasará a la historia como el de un régimen corrupto y gangsteril, violador contumaz de la legalidad y tan corrupto como cualquiera de los que le antecedieron.

Aunque ninguno de esos se atrevió a desafiar al Poder Judicial federal.

La cobardía del rector

Patético, por decir lo menos, el deslinde de la rectoría de la Universidad Veracruzana respecto de las investigaciones que académicos de esa casa de estudios han realizado junto con Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas sobre el descubrimiento de ecosistemas arrecifales de profundidad en la zona costera veracruzana del Golfo de México, que estarían en riesgo por el proyecto del gasoducto Puerta al Sureste, que pretende transportar gas desde Texas hasta la refinería Olmeca-Dos Bocas, proyecto insignia del obradorato que a más de un año de “inaugurado”, no ha producido una sola gota de gasolina.

La abyección y cobardía del rector Martín Aguilar, al grado de desconocer a miembros de la comunidad universitaria con tal de no “enojar” a sus patrones en el gobierno, tampoco tiene parangón. De verdad que juntos van a “hacer historia”.

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