​Desde hace muchos años tanto la oposición en turno como la sociedad civil organizada exigen a sus gobernantes eliminar la figura del “fiscal carnal”, lo cual se refiere a la designación de una persona militante o afín al partido político de procedencia de quien entonces nos represente ya se en las diversas gubernaturas o en la presidencia de la república, dicha petición sigue pendiente en la lista de demandas sociales, sin embargo ahora en Veracruz podemos observar cómo funciona cuando se cuenta con una fiscalía al margen de la mayoría en el congreso y de nuestro Gobernador.

Jorge Winckler fue nombrado fiscal general del estado de Veracruz en diciembre del 2016, la duración de este cargo es de nueve años, esto quiere decir, salvo que presentara su renuncia o sufriera un accidente que le impidiera terminar su encomienda, la fiscalía estaría bajo su dirección durante dos periodos gubernamentales (recordemos que la administración presidida por Miguel Ángel Yunes Linares fue de dos años), si bien en su momento fue tomado como un personaje acomodado a modo no podríamos decir lo mismo a partir del pasado diciembre.

Recientemente en rueda de prensa Winckler reportó que en los primeros 12 días del 2019 se cometieron 55 asesinatos en el Estado, de los cuales 5 cuentan con características de feminicidio, así como 16 casos de secuestro, 196 robos de vehículos, 186 robos a comercios, asaltos a mano armada, así como otros delitos de los que antes se contaba con poca difusión, basta buscar en internet sobre fosas clandestinas  y colectivos dedicados a la búsqueda de familiares desaparecidos para darnos cuenta del modo en que nuestros gobiernos han omitido datos o minimizado la problemática con tal de mantener una imagen pública favorable, casualmente ahora nos encontramos con un panorama distinto.

Por su parte el actual Gobernador Cuitlahuac García ha responsabilizado por el aumento de la delincuencia al fiscal, debido a la falta de resultados durante su gestión, ha exigido transparencia y le ha acusado de mal manejo de los casos de corrupción por parte de funcionarios en la administración de Javier duarte, cosa que nunca antes habíamos visto de parte de un gobernador a un fiscal general.

Muy aparte de si Winckler es removido de su cargo o continúa, toda esta pelea tendría que servirnos para darnos cuenta de la importancia de una fiscalía autónoma, la cual no dependa del gobierno en turno y pueda actuar libremente sin represalias ni ser premiada por amiguismos, porque sin excepción, cuando se es juez, jurado y verdugo, el resultado será lo que hasta ahora ha sucedido con los diversos fiscales carnales que han desfilado en el país.