​A principios de abril la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo mención del número de muertes violentas en México las cuales son propias de un país en guerra, a estos crímenes hay que sumarles también las desapariciones forzadas y las múltiples violaciones a los derechos y garantías de las personas que habitamos este país, esta declaración se contrapone a la de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en enero de este año dijo que “la guerra contra el narcotráfico ya terminó”, la realidad es que las cifras no mienten.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país se registraron 8.493 homicidios en los primeros tres meses del 2019, tenemos también un promedio a nivel nacional de 10 feminicidios por día y un incremento en las denuncias por delitos sexuales, así como por secuestros y desaparición forzada.

Si de Veracruz hablamos basta mencionar la masacre en Minatitlán el pasado fin de semana, con solo leer el testimonio de las personas sobrevivientes podemos darnos una clara idea de la crueldad y el sadismo con el que actúan los sicarios de los diversos carteles de la zona sur del Estado, si hablamos de la zona centro justo ayer asesinaron a dos jóvenes en la unidad Agua Santa, uno de ellos aspirante a modelo y parte de la comunidad de la industria de la moda en Xalapa, no podemos dejar de mencionar el hallazgo de una (nueva) fosa clandestina, aún estamos en espera junto con los colectivos que se dedican a buscar a sus familiares desaparecidos de saber quiénes se encuentran ahí, podríamos decir que si no es una guerra lo que estamos viviendo, si es una situación de inseguridad sin precedentes.

Hasta ahora no conocemos cual será la estrategia de seguridad que implementarán para bajar los índices delictivos, el decir que los crímenes actuales son el resultado de gobiernos anteriores, sea o no verdad, no aminora el dolor de quienes perdieron un ser querido, queda claro que la realidad que vivimos trasciende religiones, ideologías, géneros o partidos políticos, por ello mismo la idea de excluir de las mesas de Construcción de la Paz a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y al Instituto Veracruzano de las Mujeres, lanza un mensaje de que no hay acuerdo ni siquiera al interior de las instituciones de gobierno, mucho menos a la hora de trazar una ruta para dar respuesta a la población en materia de seguridad pública.

Es necesaria la coordinación de gobierno y la sociedad civil organizada para dar solución a la problemática a la que nos enfrentamos, para situaciones sin precedentes hacen falta medidas sin precedentes, como dejar de lado los intereses propios y comenzar a actuar de acuerdo a los intereses colectivos.