Actualmente vivimos una grave crisis de impartición de justicia, muchas personas se lo atribuyen a la falta de denuncias por parte de quienes han sufrido un delito, sin embargo, es también resultado de la percepción que se tiene acerca de las instituciones encargadas de procurar justicia, tenemos muchos ejemplos de personas que han pasado todo un calvario tocando puertas en infinidad de dependencias sin que se les dé solución, situación aún más lastimosa cuando de víctimas de delitos sexuales hablamos.

Les voy a relatar tres ejemplos de cómo la justicia actúa a favor de los agresores sexuales, en el Salvador el juez Eduardo Jaime Escalante fue procesado después de que se le acusara de haber tocado los genitales de una niña de 7 años, a pesar de contar con pruebas y testigos, aparte de la declaración de la niña, fue calificado únicamente como una falta administrativa, este fallo fue emitido por la fiscalía general de la república, las protestas públicas no se hicieron de esperar, aun así la única consecuencia que ha vivido este juez fue pagar una multa, pero bueno, esto sucedió en otro país, en México las cosas son distintas, ¿verdad?

Recientemente se hizo viral la historia de una mujer muy joven que viajaba en el transporte público en Estado de México, en el trayecto se quedó dormida y se despertó al sentir que el hombre que viajaba junto de ella le estaba tocado la entrepierna, lo encaró y le reclamó por lo que estaba haciendo, al llegar a la parada siguiente decidió buscar una patrulla, los policías le respondieron que no podían hacer nada porque era solo una falta administrativa, fueron algunos de los demás pasajeros quienes decidieron apoyarla para presentar una denuncia en la fiscalía especializada, hasta ahora su proceso sigue su curso, esto sucedió lejos de nuestro Estado, acá en Veracruz las cosas son distintas, ¿o no?

Hace poco se hizo de conocimiento público el caso de dos mujeres trabajadoras de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz que denunciaron a su agresor, quien es secretario de la titular de dicha dependencia, durante el proceso se presentaron múltiples anomalías, todas ellas sumadas a la revictimización que vivieron cuando a pesar de haber medidas de protección no se respetara ninguna, el viernes pasado una de las víctimas fue notificada de que su agresor, Rafael N, solo fue hallado culpable de una falta administrativa no grave, esto a pesar de haberla amenazado de muerte y acosado por meses, vaya forma de dar seguimiento a la política de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres que implementó nuestro gobernador.

A pesar de que tenemos leyes claras en materia de violencia contra las mujeres al parecer todo se resumen en una “falta administrativa”, de modo que orinar en vía pública, participar de una riña o pasear al perro en la calle sin correa son equivalentes a tocar los genitales de una mujer, acosarla o amenazarla de muerte, mientras no se apliquen las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia seguiremos siendo el único Estado con dos alertas de violencia de género, capacitación para el personal encargado de atender a las víctimas y voluntad política es lo que más hace falta, ¿por qué las instituciones protegen tanto a los agresores? Quizás porque entre sus directivos varios cojean del mismo pie.​