“Tiene más de un mes que no me dejan ver a mi niña, el 21 de abril llegaron los agentes ministeriales aquí a casa de mi mamá, me la quitaron a la fuerza alegando que yo me la había robado, no me enseñaron ninguna orden de aprehensión, se la entregaron a mi ex pareja, que en ese momento iba con ellos, ¿cómo cree que voy a estar tranquila, si nunca ha convivido con esa familia y a él tenía más de un año que ni siquiera lo veía?” Así comienza el relato de Edith, quien después de haber sufrido violencia física, económica y sexual por parte del papá de su hija durante el tiempo que duró su matrimonio, todavía vive un calvario ahora que él está cumpliendo sus amenazas de separarlas y no dejarlas verse de nuevo.

En septiembre del 2018, cansada de los malos tratos, Edith decidió denunciar a su entonces pareja Isaí Guerra Fuentes, así como solicitar el pago de pensión alimenticia para la menor, derivado de ello la violencia y amenazas por parte del papá de su hija y de sus familiares encrudecieron, exigiéndole que retirara la denuncia o iban a quitarle a la niña; durante este periodo fue dictada una pensión provisional, la cual nunca fue cubierta, sin que esto generara algún tipo de consecuencia para el deudor alimentario.

En abril de este año Edith pidió apoyo a su madre para hacer frente a las posibles acciones legales que Isaí Guerra pudiera tomar en su contra, decidieron que lo mejor era permanecer las tres juntas mientras avanzaba el juicio, a los pocos días fue detenida en su domicilio en Zongolica y encarcelada por 15 días, para dejarla salir le condicionaron firmar cada tanto para evitar que “se diera a la fuga”, también se ejerció presión para que cediera la custodia completa a su ex pareja y solo pudiera ver a su hija una vez por semana, cosa que no ha sucedido hasta ahora, su proceso se ha visto viciado desde un comienzo pero ahora todavía más con el pretexto de la ausencia de jueces por la contingencia sanitaria del covid-19.

El caso de Edith y su pequeña de dos años es solo uno de los miles que existen que no han sido abordados con perspectiva de género, si hay una denuncia previa por violencia y amenazas, ¿cómo es que se le exige a la víctima conciliar con su agresor? En los casos de violencia doméstica está prohibido mediar, tampoco es posible que se le conceda el perdón por parte de la afectada, ya que muy probablemente se haya ejercido presión para ceder, otro punto a considerar es que si hay antecedentes de que el padre ha ejercido violencia física y sexual entonces no es una persona idónea para tener la custodia de la menor; retirar a una niña de dos años de su núcleo familiar de confianza para convivir con personas extrañas puede ocasionar un daño emocional irreversible, por desgracia es lo que está sucediendo con esta menor, ¿por qué motivo no se han tomado en cuenta todos estos elementos durante el juicio?

Desde este espacio pedimos a las autoridades pertinentes poner especial atención al caso de Edith, quien en su condición de mujer indígena y víctima de violencia no está recibiendo un trato justo, o ¿qué más tiene que pasar para que la volteen a ver?​​