​A 67 años del reconocimiento del voto femenino en México como derecho hemos logrado bastante en la lucha por la igualdad, por primera vez tendremos unas elecciones donde se aplique el principio de paridad en todos los sentidos; pareciera que la paridad vertical y horizontal en los próximos comicios electorales es una victoria completa, sin embargo, si no existe un piso parejo para nuestra participación en términos de igualdad de oportunidades y la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas emanadas de las instituciones gubernamentales, esto pudiera no traducirse en una mejora significativa en las condiciones de vida del resto de las mujeres, adolescentes y niñas veracruzanas. 

La participación política de las mujeres se ha visto mermada por diversas problemáticas que a la fecha no existe voluntad en las altas esferas de toma de decisiones de nuestro gobierno para visibilizarlas y hacerles frente, la sobrecarga de trabajos de cuidado a terceros, la falta de acceso a la justicia, la precariedad laboral, los programas sociales sin enfoque de género, la apropiación del cuerpo de las  mujeres para fines de explotación, las paternidades inconstantes o ausentes, entre otras, han sido cimiento de las desigualdades que vivimos y suelo fértil para el aumento de la violencia, incluida la violencia política de género, la cual sigue siendo una constante en el país.

La división sexual del trabajo ha colocado a las mujeres en la esfera privada, mientras que a lo hombres se les ha privilegiado con el quehacer público, dejando como resultado una desproporción en realización de las labores no remuneradas, así como la feminización de la pobreza, a pesar de que producimos una cuarta parte del PIB del país sin recibir un salario a cambio y que es una realidad ampliamente documentada no contamos con políticas públicas que promuevan el reconocimiento del cuidado como trabajo, vemos también vulnerados los programas enfocados a la primera infancia, reduciendo nuestras posibilidades de conciliar nuestra vida familiar con nuestra participación laboral y política, de igual modo, a pesar de que existen leyes que en teoría garantizan una pensión alimenticia digna nos encontramos con que 4 de cada 10 hogares en México son llevados por una jefa de familia, la mayoría sin apoyo alguno del padre, no podemos hablar de justicia social sin garantizar los derechos básicos de quienes se encuentran más vulnerables.

Millones de mujeres a lo largo del país nos hemos unido para dejar en claro que todas estas problemáticas no pasan desapercibidas, mientras persista este sistema patriarcal donde lo femenino se desprecia y que es abiertamente apoyado por las instituciones, no habrá un cambio real, exigimos el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y tratados que México ha firmado en materia de Derechos Humanos de las mujeres, queremos que se garantice la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, necesitamos que las políticas de austeridad no impacten en el funcionamiento de los refugios para mujeres en situación de violencia, tampoco en la observancia de que las próximas elecciones se realicen con apego a la legalidad y en miras de hacer efectivo nuestro derecho a participar en condiciones iguales. Para erradicar la violencia contra las mujeres necesitamos acciones contundentes, no pedimos de más, solo lo que nos corresponde.