“Ya solo restan un año, un mes y veinte días para que se vaya a ... su rancho”
Mucho se ha hablado de los defectos que contienen los libros de texto gratuitos (LTG) que el gobierno federal pretende distribuir para el próximo ciclo escolar de la educación básica, que si son marxistas, que tienen errores de impresión, que cuentan mentiras como la del fraude de 2006 (nunca se demostró), que fomentan el odio social o que ponen a las creencias populares al nivel de la ciencia y que la comunidad tiene mayor peso que los profesionales de la educación en la formación escolar que los maestros y educadores.
Y efectivamente, existen muchas de esas situaciones que no son acordes a una educación científica, la cual debe de ser trasmitida con una pedagogía impecable (lo cual no acontece) para hacer posible el avance educativo de los niños y jóvenes mexicanos.
En consecuencia, el debate se ha centrado en el contenido de los mentados libros y tanto promotores como detractores se han descalificado diciendo que discuten sobre lo que no se conoce, y tienen razón, los libros fueron elaborados con un secreto como si fuera el desarrollo de la bomba atómica, y solo ahora que ya van en camino para las escuelas, es que se empieza a saber su contenido.
Lo que pocos han leído, y eso es inexcusable debido a que está al alcance de todos, es el artículo tercero constitucional; lectura que resulta imprescindible para darse cuenta que los LTG nacieron muertos, sin importar su contenido.
Veamos algunos aspectos del texto constitucional y así tenemos que, en el párrafo décimo del citado artículo, se establece que el ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación básica y que para ello considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación.
Aquí las pregunta que caben hacer son: ¿En dónde están los registros y constancias de esas consultas?, ¿Cómo consultaron a los estados? ¿Cuándo y cómo consultaron a maestros, educadores y padres de familia? ¿Opinaron las escuelas privadas?
Si nada de eso el gobierno puede demostrar, dicho material educativo deberá de declararse como jurídicamente nulo por provenir de un procedimiento que contraviene el establecido por la carta magna.
Así mismo, el artículo tercero en su fracción II dice que el criterio que orientará a la educación básica se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Disposición constitucional que resulta demoledora para unos libros que promueven el resentimiento social al decir que por una marcha “fifí” muchos trabajadores no pudieron laborar o que se niegan asesinatos, como el de aquel empresario norteño cometido por la guerrilla y qué decir del ensalzamiento de la figura de López Obrador.
También contraviene esa disposición constitucional, el equiparar a la sabiduría popular con el progreso científico o el pretender que la comunidad, es decir el vecindario, revise y apruebe lo que los docentes enseñan.
Y como los anteriores, hay muchas más situaciones en la que el material educativo va en contra del artículo tercero de la constitución; y por esta sencilla pero contundente razón, al ser la creación y la distribución de los LTG actos de gobierno, la consecuencia jurídica es que, si no demuestran haber cumplido tanto con el procedimiento de elaboración como con los objetivos establecidos para la educación, deben de ser anulados.
Y si todo empezó mal para el gobierno, al reservar por cinco años toda información sobre el procedimiento de elaboración de los LTG, lo único que logró es empeorar la situación jurídica de sus creaciones, ya que la presunción que se genera es que ocultan esa información porque seguramente contiene muchas ilegalidades.
En suma, los libros de texto van a fracasar, porque no fueron elaborados ni cumplen con los objetivos del artículo tercero constitucional.
Nada más por eso esos libros nacieron muertos.
Por cierto, recomiendo leer en su totalidad el artículo tercero de la constitución, ya que al hacerlo se descubrirán otras ilegalidades cometidas por el gobierno de López Obrador como el haber cerrado las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.
El proyecto educativo de la mal llamada 4t viola la constitución.
felfebas@gmail.com
Twitter: @FelipeFBasilio