“Ya solo restan once meses y dieciocho días para que se vaya a ... su rancho”

De nuevo la noticia más importante a nivel nacional es un ataque por parte del gobierno y sus “legisladores”, es un decir ya que por ellos mismos no legislan nada, en contra del poder judicial federal y en esta ocasión se trata de un asalto a sus finanzas.

Aunque, cabe señalar, que ese asalto financiero es solo una parte de una estrategia más elaborada para terminar con cualquier independencia por parte de los juzgadores, la cual consiste en controlarlos totalmente en las cuestiones financieras y en última instancia controlar la totalidad de los nombramientos en dicho poder.

Y sí, porque en una primera etapa planean robarse el dinero de los fideicomisos que administra el poder judicial, para a continuación aplicarles la mal llamada “austeridad republicana” en los próximos presupuestos y por último hacer de elección popular todos los cargos en ese poder, es decir, jueces, magistrados y ministros.

El primer punto de los mencionados es muy delicado por varias razones, siendo una de ellas el que esos fideicomisos tienen fondos que se utilizan para cubrir prestaciones laborales de quienes ahí trabajan, tales como bonos de productividad, pensiones, ayuda para pago de viviendas (hay que tomar en cuenta que su personal puede ser rotado por todo el país y mudarse implica incurrir en demasiados gastos no previstos en lo cotidiano y que por lo mismo es obligación del empleador el cubrirlos, ya que esos gastos se generan por la naturaleza del trabajo y no por gusto de quienes lo desempeñan).

Pues todo ese dinero, el gobierno pretende apropiárselo y usarlo discrecionalmente en sus fines, que en este momento no son otros más que ganar a como dé lugar las próximas elecciones que ya les resultaron muy competidas.

Lo mismo ocurre con los recortes presupuestales que seguramente le van a tratar de hacer al poder judicial cuando se vote el presupuesto de egresos de la federación.

Desde luego que también vienen en estas medidas los aspectos político y pasional, ya que en el primero de los casos un régimen con claras tendencias autoritarias como lo es el de la transformación que no fue, no soporta que exista un poder que no esté sometido a sus designios y que en cuanta controversia legal a la que sea sometido le apliquen la ley tal y como está escrita, ganado el pleito algunas veces y perdiéndolo la mayoría por resultar ilegal su actuar.

Por el lado pasional, hay que decir que López Obrador es un hombre profundamente rencoroso y vengativo que no le perdona a los jueces, magistrados y ministros el que hayan echado para atrás o al menos detenido muchas de las leyes que ha tratado de imponer, aún y cuando van en contra de la constitución y por esa razón su manera de tomar revancha es ahogarlos financieramente y de ser posible, ponerlos a todos en la calle.

Cosa que lograría, si el año que entra obtiene una mayoría calificada para reformar la constitución y así imponer su modelo de elección popular de los juzgadores.

Ya que entramos en este tema el cual, por cierto, es la razón final de la estrategia para lograr la sumisión de la rama judicial del Estado Mexicano al gobierno, resulta que ese modelo que proponen es una verdadera aberración constitucional; y es que, la impartición de justicia es una cuestión absolutamente técnica basada en el estudio y la interpretación de la ley, razón por la cual no puede ponerse en manos de personas que por simpatías o apoyos gubernamentales ganen una elección sin tener los conocimientos en la ciencia jurídica que resultan necesarios para poder interpretar y aplicar la ley.

Ciertamente el poder judicial no es la perfección, ya que tiene varias falencias, pero el objetivo de una verdadera política es buscar la manera de mejorarlo y no de hacerlo aún más ineficiente, como sería con la reforma que proponen en Palacio Nacional.

Por otra parte, el hacer de elección popular los cargos de jueces, magistrados y ministros, destruiría por completo cualquier intento de superación personal por parte de quienes laboran ahí, ya que desaparecería el incentivo de escalar posiciones de acuerdo al mérito personal y si  a eso le sumamos los recortes presupuestales y la desaparición de los fideicomisos que sirven para pagar prestaciones a quienes ahí laboran, tendríamos un poder judicial sumido en la ineficiencia y en el que solo los muy desesperados quisieran trabajar en él; escenario fabuloso para un gobierno autoritario, pero destructivo para los ciudadanos libres, ya que no hay que olvidar que l poder judicial de la federación es el único que en México puede controlar los abusos de poder por parte de las autoridades.

Ya la calca del presidente que pretende ser su sucesora, la señora Sheinbaum, anunció que de ser presidente buscará concretar esa reforma; ahora en nosotros los votantes está el decidir si se le concede ese “gustito” que nos va a salir muy costoso, ya que se perdería el estado de derecho que todavía gozamos o si, por el contrario, en las urnas se detiene el intento autoritario y se conserva el equilibrio entre poderes y en un futuro inmediato, se continúa buscando hacer más eficaz la impartición de justicia.

La decisión está en las urnas el próximo año.

En otro tema, es de tomarse en cuenta que siendo de origen judío, Claudia Sheinbaum prácticamente tomó partido por quienes masacran al pueblo de sus antepasados; si el llamado de la sangre no le inmuta, ¿Qué podrá esperarse de otras cuestiones como la de la nacionalidad mexicana que dice tener?

Otra cuestión para tomar en cuenta antes de votar.

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