​Cuando pensamos en represión estudiantil, en seguida imaginamos golpes, macanazos, gas pimienta, paliacates, mochilas en las espaldas de jóvenes rebeldes cargadas de agua, libretas y gasas, detenciones arbitrarias, muertes, desapariciones forzadas, y esto no es mera coincidencia. A lo largo de la historia, los estudiantes han sido actores esenciales para exigir el cambio, pero también han sido el blanco de políticas represoras. La Primavera Árabe, Sudáfrica, Venezuela, Occupy Wall Street o Ayotzinapa son pocos ejemplos que nos llenan de imágenes la cabeza. Sin embargo, existen otras formas violencia que afectan a esta comunidad como la derogación del DACA. 

Limitar la posibilidad y oportunidades de miles de jóvenes por un futuro digno a través del derecho básico a la educación, genera un contexto de riesgos que ponen en vulnerabilidad los derechos humanos de estas personas, no sólo al interior del país norteamericano, pero también las de aquellos que viven en sus países de origen, que la opción de buscar educación en un país que aboga por los derechos humano no otorga. 

DACA, por sus siglas en inglés significa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, fue una política aprobada en la administración de Barack Obama en el 2012 cuyo objetivo es otorgar permisos de trabajo temporal, licencias de conducir y seguridad social, entre otros beneficios, a personas que habían llegado al país en su infancia y de forma ilegal. Sin embargo, el día 5 de septiembre del 2017, la administración de Donald Trump intentó cumplir con su promesa presidencial de cancelar el DACA ya que este, a sus ojos, le quita trabajo, estudio y otras oportunidades a los americanos con estatus legal, además de ser inconstitucional.

No sólo son mexicanos los beneficiados por este programa, son también personas que provienen de todos los continentes y que muchas veces, las razones por las cuales emigraron a EUA como indocumentados, es por huir de la violencia que ponían en riesgo sus vidas. Al deportar a estas personas, el gobierno americano estaría rompiendo con el principio internacional de no-devolución que protege a migrantes a no ser retornados o enviados a algún otro lugar en donde su vida y/o bienestar correría grave peligro. Alrededor de 700,000 personas, el 91% mexicanos, son beneficiarios de este programa; personas que aprovechan este estatus para poder tener acceso a becas federales que automáticamente se suspenderá una vez el estatus DACA expire, ya que no hay nada que ampare su derecho a la ayuda financiera al ser indocumentados.

Asimismo, es importante entender que la deportación de este número de personas implicaría en Estados Unidos un efecto negativo en su economía, no sólo por la generación económica per cápita de cada uno de los beneficiarios, pero la implicación indirecta como la estabilidad económica de familias enteras (dentro y fuera del país), un desbalance en recursos humanos de miles de empresas y, un cambio negativo en la producción intelectual y técnica de sus mercados. De acuerdo con U.S.News, Fortune expone que alrededor de 500 compañías fueron fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes, entre ellos Apple, Google, Amazon, Ebay, Inter, Tesla, Yahoo, Capital On, Kohl’s, sin mencionar las empresas de la propia familia del presidente Donald J. Trump. Todas estas empresas acumulan un costo de 3 billones de dólares y concentran 1 millón de empleos. Asimismo, de todas las PYMEs, alrededor del 20% fueron fundados por inmigrantes responsables de la generación de 10 millones de empleos y, a largo plazo, suponiendo que otras generaciones retoman el negocio, ellos serán responsables de otros 50 millones de trabajos en Estados Unidos: 14% de la población total, aunado a los 12 billones anuales en impuestos locales y estatales que migrantes “ilegales” otorgan al estado con pocas posibilidades de aprovechar los beneficios que representan esos impuestos.

Otro lado interesante es la acción que ha tomado la sociedad, jueves, universidades y la comunidad internacional entorno al tema. Jueces de varios distritos del país como California, Brooklyn o San Francisco, la Universidad de California o la Universidad de Princeton defendieron de a su comunidad de migrantes y demostraron el valor que tienen como comunidad en la sociedad. Por último, la Corte Suprema de Justicia ha declinado la demanda por la cual el presidente pide la suspensión de dicho programa. Esto es un gran ejercicio de balance de poderes y estado de derecho, en el que la comunidad joven y estudiantil se ampara ante las ideas de un puñado de personas con ideales y políticas que polarizan, dañan el tejido social, la economía y su propia ley.

En este sentido, el plan DACA de la presente administración, es otra prueba para el gobierno mexicano a tomar acciones preventivas en caso de ser aprobada, así como reivindicar su postura, comunicación y relación bilateral con Estados Unidos. Para este país, la propuesta del ejecutivo y las políticas migratorias agresivas, sólo debilita el sistema educativo afectando el propio futuro de esta nación y a su población más importante: los jóvenes. Si la propuesta no alcanza a tener un fallo para antes de que se acabe el mandato presidencial, DACA sigue, si Donald Trump es reelecto, la pelea continuará, pero con un costo político muy alto. El ideal del “sueño americano” una vez más, se ve agrietado y difícil de alcanzar. Estas 700,000 mil personas, cada una de ellas con historias muy diferentes, pero con sueños no muy distantes a la de muchas otras clases sociales o minorías que, a lo largo de la historia de americana, que a base de lucha, han logrado darse un lugar en su constitución sólo para garantizar un futuro mejor para las próximas generaciones. ¿Por qué castigarlos a ellos?

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