​Cuentan las antiguas crónicas siamesas que cuando un monarca quería halagar y a la vez arruinar a un noble, le regalaba un majestuoso elefante albino, animal que era muy apreciado por su rareza pero que su manutención resultaba muy costosa y su utilidad era nula pero que como era bonito y se lo había regalado el soberano lo tenía que mantener y ese mantenimiento a la larga le causaba la ruina financiera.

Por ello ahora decimos que cuando un gobierno, entiéndase éste como una administración, construye una obra fastuosa, la cual se ve bonita pero que en la práctica carece de utilidad debido a que o no es aprovechada por ineptitud de quien la hizo o de quien le sucede en el cargo o se hizo por capricho, sin verificar si existe la suficiente demanda en los servicios que dé para justificar su creación y si a ello le sumamos que sus costos de operación y de mantenimiento son mayores a los beneficios que proporciona; nos encontramos frente a lo que coloquialmente llamamos un “elefante blanco”.

De ellos tenemos muchísimos ejemplos en todo el mundo, tan solo basta con ver los estadios que se construyen ya sea para albergar un mundial de futbol o unos juegos olímpicos, los cuales salvo que sean construidos en países o ciudades que cuenten con equipos o competencias permanentes que hagan uso de ellos, se convierten en cargas para quienes los construyeron por lo pesado de su mantenimiento y la escaza utilidad que tienen una vez pasada la competencia para la que fueron creados.

A nivel local tenemos en Veracruz algunos ejemplos como el Agrocentro que fue construido en tiempos de Miguel alemán y que, por su inutilidad tuvo que ser entregado a la iniciativa privada o el velódromo que fue construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y que hoy en día no sirve para casi nada pero que cuesta mucho su mantenimiento.

Pues bien, estos elefantes blancos no solo existen en la construcción de infraestructura costosa e inútil, sino que también están presentes en el campo institucional y sucede así cuando constitucionalmente se crean instituciones que resultan de escaza utilidad social y que cuesta bastante caro mantenerlas.

Y tenemos muchas pero esta vez me quiero detener en una, ya que debiera tener mayor impacto social debido al fin para el que fue creada y sin embargo por su manera de operar es un verdadero elefante blanco; me refiero a la Comisión de Derechos Humanos, ya sea ésta nacional o estatal, ya que para el caso es lo mismo debido a que por su mal diseño y su aun peor selección de integrantes, son meros órganos contemplativos en lugar de verdaderos defensores de los derechos humanos.

En efecto, dichas comisiones están mal diseñadas en virtud de que la ley que regula sus facultades pone todo tipo de candados a su actuación y así tenemos que lo que estas comisiones producen, es decir el principal resultado de su actividad, son meras “recomendaciones” muy mediáticas pero no vinculantes, toda vez que por ley el Estado no está obligado a acatarlas, es decir se trata de en el mejor de los casos de un consejo; cuando debiera de ser una obligación, toda vez que se supone que están integradas por especialistas en la protección de los derechos humanos y si encuentran que se está violentando algún derecho humano es porque así es, ya que como se dijo sus integrantes debieran de ser expertos en la materia y por lo mismo justificarían la violación a los derechos fundamentales encontrada.

Otra traba legal que las comisiones de los derechos humanos tienen en nuestro país es que cuando existe algún conflicto legal o la presunta violación de los derechos humanos proviene de una decisión judicial, éstas ya no pueden intervenir y yo me pregunto ¿acaso el poder judicial no es parte del Estado? O ¿éste no puede violar un derecho humano?, claro que sí lo puede hacer y muchos de ustedes me dirán ¿Qué no existe para eso el juicio de amparo?, y la respuesta es sí y no. Sí, porque el amparo es una forma de combatir un acto arbitrario por parte de la autoridad y no, porque este juicio no está al alcance de todos, ya que como sucede con toda acción judicial, se requiere cumplir con muchos formalismos que lo hacen lento y muchas veces resulta improcedente por no cumplirse con alguno. Teniendo como resultado que cuando se resuelve, si es que se resuelve, la afectación al derecho humano ya se consumó.

Así mismo también hace inoperantes a las comisiones de derechos humanos el que la mayoría de su personal está conformado por académicos que desconocen la realidad social del país o del estado en la que opera, ya que su perfil profesional es diferente al que se requiere para tener una institución que reaccione de manera práctica ante una violación a los derechos humanos y no se dedique a la mera contemplación y análisis de gabinete de las violaciones a los derechos humanos y tenemos un ejemplo claro de este problema en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la cual no actúa casi nunca cuando hace falta pero que si les preguntamos acerca de su gestión, nos salen con sendos estudios conformados por un gran caudal de datos estadísticos que han recopilado en sus oficinas.

La conclusión que podemos hacer al respecto es que por una parte debido al mal diseño legal, quizá hecho más por cumplir pactos internacionales que por verdaderamente proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en México, el cual resulta muy limitativo en las atribuciones conferidas a las comisiones de derechos humanos y por la otra con la pésima integración de dichos órganos, conformada en su mayoría por académicos que no son luchadores sociales; tenemos como resultado un gran elefante blanco, mismo que es improductivo y muy costoso debido a que los sueldos que el Estado paga son altos y lo más doloroso es que nos damos el lujo de tener ese elefante blanco institucional en un área que es de tanta importancia como lo es la protección de los derechos humanos.

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Twitter: @FelipeFBasilio