​Actualmente el Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz opera con 16 magistrados menos de los que debiera tener y esa situación repercute de manera directa en los asuntos judiciales que todo el poder judicial del estado tiene a su cargo y por ende en todas las personas que por cualquier razón se encuentran sometidas a su jurisdicción o sea en cualquiera que tiene un problema legal.

Y esto es un verdadero problema debido a que ninguna Sala se encuentra completa, es decir integrada por sus tres magistrados titulares, lo cual da como resultado el que las resoluciones emitidas no sean proyectadas ni votadas por magistrados sino por suplentes, lo cual aparte de ser una falta de respeto para los justiciables también puede acarrear incertidumbre jurídica debido a que las resoluciones emitidas pueden ser impugnadas al cuestionarse su validez al no ser ni pronunciadas ni firmadas por los magistrados que conforman la Sala.

Mas el asunto no para ahí ya que para tratar de solucionar el problema creado por el enorme déficit de magistrados, las autoridades administrativas del Poder Judicial (Presidente del Tribunal y achichincles) decidieron tapar un hoyo abriendo otro y eso es porque se les ocurrió llevar a jueces de primera instancia a desempeñar las funciones de los magistrados faltantes, lo cual aparte de no solucionar el problema, deja en manos de suplentes la resolución de los asuntos sometidos a esos jueces, con lo cual se agranda el problema de la falta de legitimidad en las resoluciones judiciales, ya que ahora ese problema se extiende a los Juzgados de Primera Instancia.

Aunque es preciso señalar que el poder judicial hace lo que puede y trata de lidiar con el problema con los elementos que tiene a su alcance y aunque la solución que está implementando no es la mejor, por lo menos intenta resolver un problema que tiene y que se originó tanto por su imprevisión como por causas ajenas al poder judicial.

En efecto, el problema en su origen es político y se originó a partir de una medida que en sí misma es saludable pero que fue no fue debidamente planificada ni mucho menos implementada y que posteriormente debido a los vaivenes de la política se complicó aún más y por ello quizá sea resuelto hasta el próximo año.

Y ello es así porque la medida implementada fue el retiro forzoso de muchos magistrados que llevaban décadas laborando en el Tribunal y muchos de ellos se mantenían en su cargo a pesar de no contar con la salud necesaria para desempeñar sus funciones a cabalidad y eso sucedió porque su nombramiento era vitalicio, resultando positiva la medida debido a que ya era necesario renovar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, lo cual es sano debido a que como ya se ha dicho antes en este espacio, la periodicidad en estos cargos de impartición de justicia es lo mejor que puede haber, ya que se renuevan las ideas y no se crean tantos intereses.

Mas dicha medida fue mal implementada porque solo se hizo la primera parte que fue el retiro de los magistrados que sobrepasaban la edad que se fijó en la constitución estatal como tope para desempeñar el encargo mas no se previeron en ese momento los relevos dejándose para una mejor ocasión política, es decir pasando las elecciones y así pasaron meses y meses y nunca se produjo el nombramiento de los nuevos magistrados.

 Y con esos meses también se fue el poder político tanto del Gobernador del estado como del presidente del Tribunal, ya que las elecciones no les resultaron favorables y cuando quisieron llevar a cabo los nombramientos ya se encontraron en la situación de ser, como se dice en Estados Unidos respecto de un mandatario saliente, un “pato cojo” es decir ya con poca o nula fuerza política.

Sumándole a lo anterior la mezquindad del gobierno electo, quien en lugar de negociar y tratar de sacar adelante los nombramientos, se dedicó a torpedear cualquier iniciativa para designar magistrados haciendo imposible llevar a cabo cualquier nombramiento, ya que con la fuerza política que tiene hizo que nadie quisiera ser nombrado, haciendo parecer como una victoria política lo que en realidad fue una derrota para todo el estado debido a los problemas que acarrea la falta de magistrados y sobre todo porque es una falta de respeto para quienes ventilan sus asuntos ante el poder judicial de la entidad.

Otra de las “soluciones” que elaboraron para el mismo problema los altos mandos del poder judicial veracruzano fue desaparecer la Séptima Sala que se dedicaba a atender asuntos del orden criminal para según ellos, reubicar a su personal en las demás Salas y así por una parte paliar la ausencia de magistrados y por la otra dizque ahorrar dinero, aduciendo además que dicha Sala tenía poca carga de trabajo en comparación con las que se encargan de otras materias como la civil y la familiar, ya que el cambio en el sistema penal hace que lleguen muchos menos asuntos al Tribunal Superior de Justicia.

Argumentos que no resisten el más elemental de los análisis debido a que es mínimo el impacto que la desaparición de esa Sala tiene respecto a la ausencia de magistrados, no se ahorra nada de dinero porque el personal solo es reubicado quedando exactamente igual el gasto y lo de que hay menos asuntos que en las Salas encargadas de atender otro tipo de asuntos deviene de una estadística que se encuentra alejada de la realidad debido a que si bien resulta cierto que hay poca carga de trabajo en números fríos también lo es que la delincuencia campea en la entidad impunemente y que si pocos asuntos se judicializan, elos es debido a deficiencias de otras autoridades mas no del sistema penal, aunado a que un caso penal judicializado requiere bajo el sistema penal vigente del Tribunal Superior varias veces en cada una de sus etapas y a veces hasta de manera simultánea, tal y como acontece cuando a la vez se apela la imposición de medidas cautelares y la vinculación a proceso; situación que aunque no es directamente imputable al poder judicial tampoco lo releva de la obligación que tiene para llegado el momento tener la capacidad para hacer frente a los requerimientos que pudiera llegar a tener en materia penal y al disminuir el número de Salas penales lo único que logra es volver más lento el proceso de las impugnaciones manteniendo más tiempo en prisión a muchas personas.

Como podemos ver el poder judicial veracruzano quedó metido en un berenjenal debido a un problema que tiene muchos padres y que no va ser solucionado al menos hasta el próximo año, ya que los políticos tanto del gobierno saliente como del próximo son incapaces de ejercer su oficio, es decir negociar o hacer política, haciendo prevalecer sus egos y descalificándose mutuamente y por supuesto dejando en último lugar a todas aquellas personas que requieren de acceso a la impartición de justicia por parte del Estado.

felfebas@gmail.com

Twitter: @FelipeFBasilio