Raymundo Riva Palacio

El Senado discutió el martes la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, solicitada por el PAN contra un gobierno de Morena, y por Morena contra dos gobiernos del PAN. La justificación en los tres casos es por los altos índices de criminalidad y la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades. Todo esto es una farsa. Están jugando con espejos para disfrazar sus vendettas políticas, como parte de una lucha ratonera entre dos fuerzas que avanzan rápidamente a una confrontación total. Es un juego que no está claro dónde va a terminar y cuánto durará su pretensión de engañar a todos.

Los revanchismos sobre esos gobiernos tienen que ver con temas que rebasan por mucho el de la seguridad, el pretexto para destituir a Diego Sinhue Rodríguez en Guanajuato, Cuitláhuac García en Veracruz, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Los panistas fueron por la cabeza del gobernador de Veracruz tras la destitución forzada del exfiscal Jorge Winckler, que había nombrado el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes. La acción contra el de Tamaulipas se dio como respuesta a una presunta ejecución de ocho personas por parte de policías estatales en Nuevo Laredo. Y contra el guanajuatense, la joya económica del PAN, aprovechando el hecho de que el robo de combustible no ha podido ser controlado. Las razones, sin embargo, no se sostienen.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, esas tres entidades están muy lejos de estar entre las más violentas del país. Guanajuato se encuentra en el lugar nueve (mil 542 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero y agosto), Tamaulipas figura en el 21 (792 homicidios dolosos), y Veracruz está en el 28 (407). Si los senadores y senadoras estuvieran realmente preocupados por la seguridad, serían otras las entidades donde pondrían el ojo: Colima, el más violento, con 2 mil 315 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; Querétaro, que ha tenido mil 995; Aguascalientes, con mil 917; la Ciudad de México, con mil 874, y Baja California, con mil 882. En Veracruz se dio la mitad de las víctimas de delitos que en la Ciudad de México, pero el énfasis está en Cuitláhuac García, no en Claudia Sheinbaum. Ese realmente no es el problema de fondo.

Al pretexto balín que anteponen, se suman lecturas incorrectas de la Constitución. Para uno de los más reconocidos constitucionalistas, el maestro Elisur Arteaga, “las amenazas de los panistas y morenistas son simples bravatas, (y) están encaminadas a producir ruido. No van más allá”. Arteaga ha explicado y documentado cómo, de acuerdo con el artículo 76 fracción V de la Constitución, el Senado no puede desaparecer los poderes en las entidades. “A lo que lo faculta ese precepto es simplemente a certificar la desaparición de los poderes, cuando realmente no existen, y a declarar, con vista a esa certificación, que es llegado el caso de designar gobernador provisional”, abundó.

“La aprobación de la certificación de haber sido desaparecido por poderes de una entidad, se hace por el voto de más de la mitad de los senadores presentes, lo que significa que los panistas, ni contando con el voto de los priistas y los perredistas, podrían lograrla. Los senadores de Morena, si bien pudieran contar con los votos necesarios para aprobar una declaración de esa naturaleza, no les alcanzaría para nombrar gobernador provisional, pues de conformidad con ese mismo precepto, el nombramiento de gobernador se debe hacer contando con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los senadores presentes”.

Según Arteaga, “ni uno ni otro sacarían provecho de su acción y, en cambio, meterían ruido donde hay silencio y más desorden donde hay menos desorden. Si en estos momentos esas entidades, contando con autoridades legítimas, se muestran ingobernables por el alto índice de criminalidad, mucho más lo serían para el caso de que resultaran gobernadas por autoridades impuestas y derivadas de una errónea interpretación del texto constitucional”.

Arteaga aporta la interpretación jurídica frente a la aberración jurídica en la que están incurriendo panistas y morenistas en el Senado, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública contradice las intenciones políticas con los datos duros de cómo los gobernadores que quieren destituir, no son quienes, por esas razones de incapacidad en el combate a los criminales que provocan la violencia, deberían de estar en la picota. Pero está claro que tampoco se trata de eso.

No son serias nuestras legisladoras y legisladores, ni están actuando con responsabilidad. Están dispuestos a torcer la ley para satisfacer apetitos vengativos y manejar tramposamente las estadísticas y la información dura, engañando a la ciudadanía. El maniqueísmo de sus acciones y declaraciones ha contribuido a la falta de referentes sólidos en el debate público, y a la creciente fabricación de argumentos falsos y contextos inexistentes.

La confusión que generan refuerza la vacuidad deliberativa en la que nos encontramos, donde la sonoridad, aún sin fundamento, es lo que domina en el ruido ensordecedor de nuestra política. No era lo que se esperaba de ellos cuando se les dio el voto, pero es la forma como responden, despreciando con su traición a quien los eligió, y sumándose a una clase política ruin que contribuye a la confusión. No estamos pasando por el momento de mayor luminosidad en nuestra vida pública, pero sí por tiempos donde la farsa predomina en los asuntos públicos. Sus pugnas políticas devienen vendettas y conducen a discusiones tramposas. Son éstas signo de los tiempos, ante lo cual no se puede claudicar. La mediatización no ayudará a nadie, empezando por aquellos que ven en ella la nueva forma de hacer política.​​