Mucho debemos cuidar y evitar que por cuasi razones sanitarias, o pretextos, autoridades con tendencias autoritarias pisoteen las garantías individuales que a todos los mexicanos nos garantiza nuestra Constitución.

Entre ellas, y muy marcadamente, la del libre tránsito, derecho ciudadano que, por citar solo un ejemplo, cuando menos cinco Alcaldes de la zona rural de Nuevo León y uno de la zona metropolitana de Monterrey parecen ignorar cuando establecen restricciones al paso de sus habitantes, o bien, so pretexto de "cuidar" la salud establecen RETENES que conculcan arbitrariamente este derecho constitucional.

La Constitución establece bajo el capítulo de las garantías individuales el derecho a circular libremente sin necesidad de identificación o salvoconductos, al tiempo que prohíbe las garitas o estancos, y no tolera absolutamente ningún pretexto o excusa que justifique su violación.

Pueden las autoridades locales solicitar, pedir, conminar e invitar a los ciudadanos a que no salgan de sus casas, pero no los pueden OBLIGAR por la fuerza y menos REPRIMIR.

Por lo menos no sin VIOLAR la Constitución.

Todos entendemos la necesidad de tomar medidas para evitar el peligroso contagio del Covid-19, pero éstas no pueden ni deben ser, por lo menos no legalmente, impuestas por la fuerza y en detrimento de los derechos legales de los ciudadanos, los cuales están por encima de todo.

Nuestras leyes obligan -y limitan- a las autoridades a "respetar y hacer respetar la Ley".

No hay en México una legislación superior a la Constitución, siendo el primer deber de la autoridad respetar la ley.

Mal ejemplo ofrecen si comienzan extralimitándose, aplastando a sus gobernados, empleando el peso de su autoridad para conculcar libertades bajo el escudo de combatir el Covid-19.

Si algo nos enseña la Historia es que una vez perdidos los derechos libertarios de los ciudadanos en una sociedad, aplastados por regímenes autoritarios, se viene un RETROCESO democrático que tarda mucho en revertirse.

Por ello sugerimos que como sociedad no podemos ni debemos permitir que autoridad alguna emplee el pretexto sanitario para ir desmantelando en pedazos el imperio de la ley que ha reinado en México desde que fue promulgada nuestra Constitución actual en 1917.

Lo mismo se puede decir, no sólo a nivel LOCAL, sino también a nivel federal, donde claramente se percibe un intento por VIOLAR la Constitución cuando se promulgan cambios que pretenden pasar por encima del concepto de la división de poderes y el rol que la Carta Magna les asigna.

Ello cuando bajo el paraguas de la emergencia sanitaria se pretende despojar al Poder Legislativo de su derecho y obligación de ser éste el que fija el PRESUPUESTO y su aplicación al Poder Ejecutivo.

La intención es realizar cambios para permitir que la misma Secretaría de Hacienda EJERZA el presupuesto discrecionalmente y aplique los recursos, no como decisión del Legislativo, de acuerdo con nuestra Constitución, sino como al Poder Ejecutivo le dé la gana.

En toda democracia republicana existe esta división de poderes bajo la cual los representantes de los ciudadanos determinan y fijan el presupuesto, estableciendo que el Ejecutivo sólo puede gastar no únicamente los montos que se le asignan, sino también en los rubros asignados.

Por ejemplo, no está permitido bajo nuestra Constitución que del presupuesto aprobado a EDUCACIÓN se tome dinero para la Oficina de la Presidencia.

El Ejecutivo lo gasta, pero SÓLO en los MONTOS y en las carteras que el CONGRESO DECIDE, y esto de manera ANUAL únicamente.

Lo que se pretende no sólo violaría la Constitución, sino que sentaría un pésimo precedente, uno en el que el Ejecutivo se atribuye facultades que no le corresponden para convertir el presupuesto en un gigantesco fondo para uso DISCRECIONAL del Ejecutivo.

Algo totalmente antidemocrático y, por supuesto, anticonstitucional.

VIGILANTES debemos estar, pues, los ciudadanos para que la epidemia del Covid-19, además de que no acabe con la economía mexicana, tampoco lo haga con nuestras libertades constitucionales dando paso a una dictadura represora. (*Articulo publicado en el diario Reforma)

Manuel J. Jáuregui​​