Raymundo Riva Palacio

Emilio Lozoya fue detenido hace poco más de un año en un complejo donde viven multimillonarios, cerca de Marbella. Es un club de golf llamado La Zagaleta, donde llegó la policía española a través de una investigación en fuentes abiertas. Era la casa de un empresario ruso, y cuando detuvieron a Lozoya, describió el diario El País, llevaba un diccionario ruso y copias de lecturas en el mismo idioma.

En la prensa mexicana se había publicado que la mafia rusa lo había ayudado a refugiarse, aunque nunca se demostró. Tampoco hubo detenciones de mafiosos rusos en España como consecuencia de la captura. Pero esto no significa que los intereses económicos rusos le fueran ajenos. De hecho, la abierta defensa de ellos dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto fue su última batalla como director de Pemex.

La relación comenzó en septiembre de 2013, cuando el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, acompañado por el director de Pemex, Lozoya, recibió a Vagit Alekperov, quien después de haber llegado a ser subsecretario de Energía para asuntos petroleros en la desaparecida Unión Soviética, fundó Lukoil en 1991, actualmente la empresa petrolera más grande en Rusia. 

Cuatro meses después, Pemex y Lukoil firmaron un acuerdo de cooperación para trabajar conjuntamente en la exploración y producción de crudo, lo que la convertiría en la primera empresa extranjera que participaría en el sector, tras aprobarse las leyes secundarias de la reforma energética.

En esos momentos se daba la parte más intensa de las negociaciones de la reforma energética. “Mientras que el debate a nivel constitucional en el otoño de 2013 había sido de grandes conceptos y paradigmas ideológicos -recuerda una persona involucrada en el proceso-, el de 2014 fue un debate técnico y orientado a temas específicos”. En la mesa de negociación, encabezada por Joaquín, participaba la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, y el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher.

Por parte del Legislativo, los más activos eran los senadores David Penchyna, del PRI, que presidia la comisión de Energía, los senadores panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, así como los diputados de ese partido, Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega, que representaban al grupo encabezado por el presidente del PAN, Gustavo Madero.

Lozoya no formaba parte de la mesa técnica, pero quienes participaron en ella recuerdan que hacía un trabajo de cabildeo intenso con los legisladores para garantizar el margen de maniobra que tendría en la reforma, pero que dependería de cómo quedaban las leyes secundarias. La posición que adoptó, de acuerdo con personas que participaron del proceso, chocaba frecuentemente con las secretarías de Energía y Hacienda, que buscaban un balance entre la mayor autonomía de Pemex que tendría, con nuevos controles financieros y operativos.

“La relación se fue volviendo cada vez más tensa, especialmente por la liberalidad con la que Emilio Lozoya contactaba a los legisladores, intentando convencerlos de sus puntos de vista, por encima de la mesa técnica”, agregaron. “Estas diferencias ocurrieron en mayor o menor medida en todos los temas mencionados, pero la mayor confrontación ocurrió en torno al tema de los farmouts. Las posiciones en el tema de los farmouts eran irreconciliables”. Los farmouts abrían la posibilidad de que Pemex pudiera explotar campos petroleros en asociación con empresas privadas, mexicanas o extranjeras, como quedó planteado en el acuerdo que firmó Pemex con Lukoil, en 2014.

Energía y Hacienda proponían que en el caso de los farmouts se siguiera el mismo procedimiento de licitación que en las llamadas rondas petroleras, que rechazaba Lozoya, a las que llamaba una “aberración” por su proceso burocrático, complejo e impráctico. Quería asociarse sin licitación de por medio, y que Pemex pudiera tener la libertad de hacer negocio con quien lo considerara pertinente, sin licitar contratos de asociación. El cabildeo de Lozoya provocó reacciones negativas en el PRI y el PAN. Incluso, Bueno y Camarillo advirtieron que si prevalecía la postura de Lozoya, votarían en contra de la reforma.

Ante el riesgo de que reventara la negociación, Videgaray habló con Lozoya en el cumpleaños del presidente Enrique Peña Nieto, en julio de 2014, en una discusión que se recuerda como acalorada. Joaquín y Videgaray se lo plantearon al presidente, quien ya había sido informado por Lozoya –que le dijo que contaba con los votos en ambas cámaras–, por lo que rechazó la posición del director de Pemex.

De mecha corta, Lozoya tomó muy mal la derrota dentro del gabinete, que frustró el plan con Alekperov. Enfrentado desde entonces con Videgaray, no dejó de quejarse del mecanismo y lo saboteó hasta su salida de Pemex, en febrero de 2016. En ese tiempo chocó no sólo con el secretario de Hacienda, con quien se enemistó profundamente, sino con la subsecretaria Melgar, quien le reclamó varias veces su negación a realizar los farmouts. La ley secundaria no pudo ser aplicada hasta que llegó José Antonio González Anaya a Pemex, quien logró la asociación con la empresa británico-australiana BHP Billiton para explotar el campo petrolero Trión, con una inversión de más de mil millones de dólares.

El acuerdo con los rusos fracasó, pero la relación se mantuvo más allá del ámbito profesional. Lozoya no podía esconder su molestia con Videgaray y Peña Nieto después de su salida de Pemex. La Procuraduría General de la República empezó a investigarlo en septiembre de 2017 por el tema Odebrecht, y en aquél tiempo comentaba con dientes apretados, “si yo empezara a hablar”. Ahora es cuando encontró el momento para salvarse de ir a la cárcel por presunta corrupción, apegándose al criterio de oportunidad y declarando contra aquellos contra los que se enfrentó, particularmente Peña Nieto y Videgaray. El cobro de facturas viene, pero sus dichos tendrá que demostrarlos.​​