​Desde retenerles dinero del pago de su pensión, descontar aún sin su consentimiento pagos que nunca les explicaron, negarles la entrega de contratos y demás documentos que por derecho les corresponden.

Enviar a sus empleados en modo “asesores” para pedirles la entrega de documentos e información confidencial, en un acto de verdadera invasión de su privacidad; y para hacerlos firmar documentos cuyos alcances legales desconocen, pero que a todas luces son una trampa que los llevará a la guillotina judicial cuando a la financiera le plazca. 

Y peor aún, que se sirvan de las instituciones públicas, en donde sabedores del rigor y formalismos de las leyes mercantiles, y a la sombra del exceso de carga laboral de los jueces, secretarios y demás funcionarios encargados de administrar justicia. Obtengan el congelamiento de cuentas bancarias a nombre de sus víctimas para ponerlos de rodillas y llevarlos de nueva cuenta hasta sus oficinas en donde saben, pedirán piedad y un buen acuerdo, que les permita comer y disponer de su dinero.

Es a veces la inercia y otras el dogma de los tribunales lo que lleva a emitir resoluciones en donde quienes juegan el papel de demandados o deudores llevan siempre las de perder, frente al acreedor o actor de juicio quien por regla y con pagaré en mano, siempre lleva las de ganar. 

Todo, sin que, hasta el día de hoy, -gobiernos van y gobiernos vienen- nadie, absolutamente nadie, haga algo por remediar este problema social en donde las financieras hacen y deshacen a sus anchas, por el contrario, si antes se decía la usura era el enemigo a vencer, hoy las dimensiones de ese enemigo son aún mayores. 

Para muestra un botón; Bertha, nombre usado para proteger su verdadera identidad es una mujer viuda en edad adulta mayor jubilada del IMSS, quien por causas que no vienen al caso abundar, accedió a un financiamiento de cien mil pesos a una de estas financieras.

Entregó documentación y nunca tuvo que ir a las oficinas de la financiera, un asesor vía whatsapp y teléfono se encargaba de hacer los trámites para la obtención del recurso y recabar, documentos, información y firmas; ejecutivo al que ella nunca conoció.

Al cabo de unos meses Bertha recibió una notificación de embargo en donde la financiera le cobraba tan solo en concepto de capital la suma de casi cuatrocientos mil pesos, aparte intereses. 

Ese dinero, Bertha nunca lo recibió; pero sí firmó un pagaré que decía esa cifra como cantidad a pagar. Ahora la financiera pide el embargo de todas las cuentas bancarias de su clienta, y desde luego del dinero que esté depositado en ellas, el cual debe garantizar la suma que reclama como capital como mínimo, es decir, los casi cuatrocientos mil pesos.

Pero resulta que a Bertha el seguro le deposita su pago de pensión en una cuenta bancaria, y esa también se mandó a embargar, pues con todo el dolo y mala fe de ejercer la mayor presión a la deudora, la financiera no aclaró que su víctima es jubilada del IMSS y que su pago se deposita a una cuenta bancaria, pues este es el modo de acceder a dicho dinero por parte de la financiera.

Por su parte el tribunal despachó la orden de embargo, sin apreciar que de las constancias del juicio se acredita la calidad de jubilada de la demandada y que su pago lo percibe en una cuenta abierta en institución bancaria. Dinero que se encuentra protegido por el artículo 10 de la Ley del Seguro Social y que es inembargable. 

Bertha está protegida por el Barzón, y la ilegal orden ya fue impugnada logrando detener la injusticia, hasta en tanto el tribunal conozca de manera completa el caso. 

Pero cuántos casos más hay en esta situación; un embargo no tiene fecha de caducidad, y no se cancela hasta que se demuestra la ilegalidad de la determinación; es decir, sin llegar a la Sentencia del juicio la financiera tiene en sus manos una poderosa herramienta para asfixiar a su contrario y hacerlo pagar hasta lo que no debe, y así se consuma la injusticia.

¿Quién entonces, quién debe frenar estos abusos? O acaso estamos en la indefensión total frente a las poderosas financieras. Ahora sí, necesitamos gobernantes, legisladores, juzgadores que hagan su trabajo y den solución a este problema de préstamos amañados, que solo traen desgracia y enfermedad a las personas.

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