​Se llevan a cabo en estos momentos en todo el país los Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial, mediante los cuales se pretende escuchar a los actores, a los políticos, y también a los curiosos (opinar como expertos) sobre un asunto de seguridad nacional como lo es, lo que sigue en materia de impartición de justicia en nuestro amado México. 

Pues mediante la mencionada reforma, como le decía hace ocho días, se pretende arrancar de raíz la forma en la que se venía seleccionando a Jueces, Magistrados y Ministros; cambiando al sistema de elección popular. 

No me queda ninguna duda acerca de que la intención es buena, tampoco se me termina el asombro de como un solo hombre pudo convencer en dieciocho años a tantísima gente de que sus ideas son las mejores y que contra ellas nada. 

Ha destruido a las instituciones públicas y a lo que todo a su paso se encuentre, con tal de imponer su voluntad y beneficiar a quienes le son afines, mientras el verdadero pueblo ha sufrido el amago del poder y la soberbia de los que ahora son sus dueños. 

Día tras día su discurso gana más adeptos y los que ya lo eran, ahora se radicalizan. No existiendo poder humano hasta ahora que pueda frenar las locuras que quizá un día soñó, y que concentran una gran bolsa de rencores y venganzas que parecen no tener fin. 

Hay problemas en nuestro país sobre la impartición de justicia, como le decía hay vicios, excesos y personas juzgadoras sin preparación, ni experiencia que llegaron ahí, porque están del lado del partido en el poder, siempre lo ha sido. 

Los órganos federales era hasta hoy, la forma más efectiva de obtener justicia, por lo menos conforme a la Constitución y a la forma en que hoy la conocemos. 

Es complejo que alguien que no ha tenido experiencias en tribunales pueda entender de lo que ahora se habla, lo que es un hecho es que siempre que algo no sale como se espera, se culpe al juez de haber infringido el agravio. 

Sin embargo, hay otros factores que determinan el que alguien pueda obtener o alcanzar justicia, comenzando por la defensa que tenga la posibilidad de contratar y las leyes que rijan a su caso en particular. 

Este gobierno por ejemplo ha reducido las defensorías públicas, precisamente como la del Poder Judicial de la Federación a quienes en otros años se acudía para defenderse de una injusticia en contra de una institución de crédito. Hoy ya no tienen dentro de sus competencias la defensa de usuarios financieros. 

Hay muchas leyes que necesitan reformarse para que las personas que nos encontramos o nos vemos en problemas con un banco o con una deuda, podamos salir airosos de una contienda. 

Leyes que correspondía al poder legislativo, integrado por personas elegidas vía el voto popular revisar para modificar o crear, no vamos lejos el Código de Comercio, expedido en tiempos de Porfirio Díaz, cuyas adiciones y reformas sufridas como la del dos mil catorce. 

Han servido solo para hacer más rápidos los procesos de cobranza en contra de los deudores, para arraigarlos, para secuestrar sus bienes, para practicar embargos exprés, o congelarles cuentas.

Estamos por terminar el sexenio que nos prometió la esperanza de que eso iba a cambiar y que al poderoso se le amarrarían las manos, y se le quitaría el permiso para robar, para estar en igualdad de circunstancias y hoy eso no ha sucedido. 

Los legisladores son personas ignorantes, de las necesidades legislativas que se tienen y votan por votar o conforme la línea que les marcan sus partidos, desconocen que los usuarios de servicios financieros vivimos a diario, robos a cuentas, pagamos altos intereses y comisiones y firmamos contratos por necesidad de los cuales no se entienden las letras chiquitas. 

Digo desconocen, pero más preciso sería decir, no les interesa. Porque ellos con sus dietas no tiene necesidad de usar créditos, y mucho menos sufren injusticias, pero a nosotros nos acusan de gastadores y desorganizados, si no échele un ojito a la “encuesta del estrés” que acaba de hacer la Condusef con el Inegi. 

Si las personas que elegimos (por voto popular) para cambiar las leyes no nos funcionan, como pretendemos que los que impartan justicia, sí lo hagan, solo por el hecho de que llegarán a esos encargos por elección popular. 

Y quizá la respuesta es que, no es la vía lo que hace el problema; sino las profundas fallas y deterioros que vale la pena analizar para reformar, cambiando lo que no funciona y dejando a salvo lo que sí.

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