​La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) reconoció a principios de este mes por conducto de su Director General que su cartera vencida es “relativamente alta”.

Javier Delgado, ha declarado a la opinión pública que uno de cada diez productores agropecuarios que recibieron capital del gobierno dejaron de pagarlo, a consecuencia de algún ‘imprevisto’ que los llevó a endeudarse; representando esta causal el cincuenta por ciento de las pérdidas en el sector.

Otra de las causas que engrosan las cifras de deudores de la Financiera, según Javier Delgado es la falta de contratación de un seguro. Y por ello en días pasados se ha firmado un convenio de colaboración, entre la Financiera Nacional de Desarrollo, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y el Organismo Integrador Nacional de Fondos de Aseguramiento. Con dicho convenio promoverán la cultura del aseguramiento, como medio de protección de los productores y para procurar la mejora en su capacidad de pago.

De entrada me resulta un acto de honestidad que desde cuando esperábamos de parte de la financiera, abordar el tema de su cartera vencida y el grave problema que representa para el campo y las familias que dependen de este sector. 

Muchas de ellas veracruzanas en total quiebra por haber solicitado y recibido un crédito refaccionario o de avío para financiar su actividad productiva, y cuyos intereses se incrementaron tanto, que la única solución viable, aparte de un milagro, es lograr la venta de sus tierras para poder pagar la deuda de la financiera y rescatar un poquito para medio vivir algún tiempo.

Tan es así que por ejemplo, en la región de Cosautlán de Carvajal ¡cuántas fincas cafetaleras no tienen ya anuncios de venta colocados por sus propietarios!, quienes enfrentan juicios de cobro de pesos, esperando un comprador antes de que la Financiera les remate todo y los deje sin nada.

Para colmo dichos juicios mercantiles son tramitados en juzgados de la ciudad de Puebla, pues al contratar a los productores se les hace firmar una renuncia a ser demandados en sus lugares de origen, en caso de controversia, sujetándolos a los tribunales competentes de aquella ciudad.

¡Imagínese los altos costos que implica tener que atender un asunto en aquella ciudad, el solo costo de un taxi para llegar de la CAPU a la Ciudad Judicial rebasa los cien pesos, sin contar el costo del boleto del camión que los lleve hasta Puebla y el día invertido. 

Es buena la idea del convenio, pero aparte de ello la financiera para evitar “imprevistos” debe revisar el modus operandi para la colocación de créditos, moderar sus tasas de interés, establecer mecanismos efectivos de negociación de pasivos y fijar reglas justas en sus contratos para nuestros hombres y mujeres de campo.

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