​Septiembre es el mes clave para concretar los programas que pretenden hacer que el Infonavit opere con verdadero sentido social un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir su vivienda.

En efecto la hipotecaria más grande de América Latina y la cuarta del mundo, por administrar mas de 62 millones de subcuentas de vivienda equivalentes a 1.13 billones de pesos, ha sido desde su fundación en el año de 1972, una institución a quienes por sus acciones de cobranza, pocos tiene por social, y menos por solidaria; por el contrario es catalogada por abusiva y poco flexible, e indiferente ante las causas particulares que generan el impago de sus créditos.

Pero a raíz del exhorto del ejecutivo federal para cumplir con una de las directrices básicas en las que funda su política de bienestar: la vivienda.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció a finales del mes de junio de 2019, el compromiso de operar ahora, bajo una nueva perspectiva de servicio hacia los trabajadores.

Ello a través de la implementación de los siguientes programas: primero, la revisión de los juicios masivos que pudieran derivar en desalojos; del que es necesario comentar que a la fecha ha causado confusión entre los deudores del instituto pues el compromiso de “cero desalojos” se entendió, como la promesa de que en adelante, nadie podría ser desalojado, sin embargo éste va dirigido únicamente a viviendas deshabitadas, abandonadas, vandalizadas o invadidas, con exclusión de todos los demás supuestos.

El segundo, la aprobación de siete instrumentos adicionales para hacer más eficaz el proceso de cobranza social: “solución a tu medida”, “fondo de protección de pagos”, “estudios socioeconómicos”, “dictamen de capacidad de pago”, “borrón y cuenta nueva”, “descuento por liquidación anticipada”, “liquidación al 75% a valor avalúo”,  y “dación en pago”.

De los que a la fecha aún no han sido publicadas las reglas de operación, a pesar de que es septiembre el “mes promesa” para implementarse, sin embargo espero que en los próximos días de cierre de mes, podamos tener ya la información concreta y disponible.

Y tercero, premiar el pago puntual de los acreditados; del que no hay mucho que ampliar, pues hace unos días se difundió ampliamente en medios de comunicación, que fueron destinados 900 millones de pesos para apoyar a quienes habiendo pagado el 90% de su crédito, les quedaba condonado el 10%. Programa identificado públicamente como el 90/10.

Por razón de espacio, será hasta la siguiente colaboración que comentaré otros aspectos de los programas, por ahora me resta decir que ya era tiempo de revisar el proceder del instituto y sus mecanismos de recuperación de cartera, pues como todos sabemos, se llegó al extremo de privilegiar “darle más barato” a un tercero que quisiera invertir en comprar una vivienda para revenderla, que al propio trabajador, ¡así de absurdo!

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