​Recuerda haber visto hace algunos años los letreros que ostentaban algunas casas,  en donde se leía: Esta propiedad está protegida por el Barzón, ¡no compre problemas!

Seguramente recordará también que este hecho coincidió con la crisis económica del 94’ durante la cual las personas ya no podían pagar sus viviendas adquiridas mediante créditos hipotecarios, o peor aún pagar algún préstamo obtenido al hipotecar su casa.

Y ante el impago los deudores eran llevados a juicios en los que después de obtener la sentencia de pago con exorbitantes intereses, no había de dónde, ni con qué pagar, y entonces las viviendas eran sacadas a subasta pública.

Abriéndose un importante mercado para quienes la hicieron de ‘inversionistas’ pues compraban barato para revender y así hacerse de jugosas ganancias aparentemente rápidas.

Pero, ¿cómo se enteran estos cazadores de oportunidades de los remates?, pues a través de avisos o anuncios, llamados Edictos que son publicados por disposición de la ley en sitios públicos como el palacio municipal, las oficinas de la hacienda pública, los estrados del juzgado, la gaceta oficial del estado, y en los diarios de mayor circulación en la entidad en donde ubica el bien inmueble.

De este modo, quienes buscan obtener una propiedad en tales condiciones dan seguimiento a dichos anuncios, los que para el resto pasan desapercibidos pues, ¿quién se detiene a leer esos mini anuncios con letra tamaño de hormiga?

En fin que es cierto que los precios en los que se anuncia la venta de dichas propiedades son muy bajos, pero ¿sabe por qué?, porque en la mayoría de los casos los demandados por falta de recursos, de asesoría legal adecuada, e incluso porque nunca se enteraron legalmente que habían sido demandados, no participaron al momento de llevar a cabo la valuación del inmueble para que a su propiedad se le asignara un precio justo de venta. 

Dejando al acreedor en plena libertad de asignar el precio más bajo posible para poder adjudicarse la propiedad como pago de la deuda.

Pero desde el momento en el que un deudor presenta una eficaz defensa de su patrimonio, las cosas se complican para aquellos postores que en ocasiones, no solo no se quedan con el bien sino que tardan hasta 3 años en recuperar su dinero, de ahí la advertencia de no comprar problemas.

Aparte de estos inconvenientes legales porque finalmente se está comprando un problema, estas ventas judiciales no deben ser vistas como una oportunidad, más bien valdría la pena reflexionar sobre aquella familia que podría quedarse sin techo por no poder pagar, o a quien quizá no se le dio la oportunidad de negociar un precio justo, y el dolor que le significa la sola posibilidad de perder su casa.

Atendamos al principio que dice, lo que no prohíba el derecho que lo prohíba la moral.

¡Si tiene deudas y desea exponer su caso llame al 2281148502!

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