Un gobierno no puede proteger los derechos humanos de unos violentando los de otros; si sucede, es que desconoce las enormes responsabilidades que le asisten para proteger a los gobernados en su esfera de derechos esenciales como: la seguridad y la propiedad privada. 

El pasado lunes 8 de junio pasado el medio día, un grupo de encapuchados mediante actos de violencia y vandalismo causaron graves daños y destrozos en  el primer cuadro de la ciudad de Xalapa, Veracruz y principales Avenidas. 

El ataque protagonizado por unas cincuenta personas, que duró poco más de media hora tuvo como blanco no solo comercios, recintos religiosos, sucursales bancarias, o viviendas, sino inmuebles públicos, incluso el edificio que alberga seguridad pública al que solo divide una calle con el palacio de gobierno en donde despacha el Gobernador. 

Todo esto pasó ante la mirada de peatones y ciudadanos que corrieron a refugiarse o bajar sus cortinas para evitar ser víctimas del grupo de delincuentes (así debe llamarse a todo aquel que comete delitos), al que no podemos llamar “marchistas” o “manifestantes”, pues con tantos años como tengo de participar en la sociedad civil organizada, me queda claro que estos ciudadanos no eran parte de la marcha de quienes a la misma hora llevaban a cabo una protesta pacífica para exigir justicia por arbitrariedades policiacas que, -refieren- acabaron con la vida de un joven hace escasos días en el cuartel de San José.

No se vale que en medio del confinamiento en el que aún nos encontramos por la falta de aciertos y el exceso de yerros de quienes han tomado decisiones políticas en lugar de científicas y de salud pública al enfrentar la epidemia, tengamos una razón más para perder la tranquilidad al sentirnos inseguros en nuestra propia casa. 

¿Qué hay de los afectados?, aquellos comerciantes que tiene que enfrentar el pago de rentas cuando de sus negocios ya no sale ni para ir al día, ahora tener que reparar los destrozos sufridos en su patrimonio, o quedarse con el golpe. 

Y todo porque el gobierno municipal no supo o no pudo, (rayando en el no quiso) reaccionar a tiempo para evitar que estos delincuentes actuaran con total impunidad a la vista de todos y sin que nadie se los impidiera, argumentando que no caerían en “provocaciones”, y que mejor cada uno de los afectados denunciara para entonces investigar, ¡¿en qué lugar vivimos?!. 

¿Pues qué no les dimos permiso para actuar en nuestro nombre, para nuestra protección, desde que protestaron su cargo todos los que actualmente nos gobiernan, no juraron acaso cumplir y hacer cumplir las leyes y su encargo? 

En dónde queda el derecho de todos los demás a sentirnos seguros en nuestra ciudad, en dónde el respeto a la propiedad privada.

La impunidad abre siempre la puerta a la permisividad, a la agresión, los abusos, la violencia y al atropello a nuestra dignidad, ¡No a la impunidad! 

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