​Con serenidad, tranquilidad, aceptación de que no se puede pagar, no por ahora, con asesoría adecuada y no actuar con precipitación, nunca firmar reestructuras o comprometer pagos futuros si carece de certeza de poder cumplir y mucho menos a acceder a la firma de documentos en blanco, pagaré o contratos de contenido desconocido.

En un principio se minimizaron los efectos económicos de la pandemia, hoy las cifras que se reportan por el Banco de México en el segundo trimestre del año confirman la terrible crisis que ya vivimos y avizoran lo que nos espera, pues la cartera vencida en créditos otorgados a las familias alcanzó la cifra más alta desde que se tienen registros en el organismo.

Ello se debe sin duda a que en esta ocasión la crisis tiene su origen en una suspensión de actividades laborales remuneradas decretada por una necesidad de salud, de ahí que lo que vaya a pasar en los próximos meses en materia de recuperación económica se encuentra íntimamente relacionado con ésta.

Pero mientras continúen los “palos de ciego” de nuestras autoridades quienes cada día se exhiben en un manejo político y no epidemiológico del tratamiento y respuesta a la enfermedad, el retorno de labores de quienes fueron clasificados como “trabajadores no esenciales”, se aplaza la recuperación económica de todos, sin que exista un plan de alcances suficientes para devolvernos el bienestar perdido.

Derivado de este escenario de insolvencia generalizada, agravado por la falta de actividad jurisdiccional que impide un seguimiento procesal de los juicios que tienen en incertidumbre a deudores y acreedores, no se requieren más motivos para que desatar la cobranza extrajudicial.

Pero, cuando la cobranza se torna abusiva produce efectos emocionales en el deudor, orillándolo a tomar decisiones equivocadas que van a comprometer su patrimonio, sus bienes, como su vivienda o algún otro, o a involucrar a terceras personas por desesperación.

A modo de ejemplo expongo los siguientes casos, primero; derivado de la declaración que hiciéramos la semana pasada recibimos el caso de un socio de una caja de ahorros radicada en el norte de nuestro estado, que solicitó un crédito y a fines del año pasado no pudo pagar, motivo por el cual fue convencido de obtener una nueva oportunidad de pago a cambio de firmar documentación ante Notario Público, lo cual hizo. Al hacernos llegar dichos documentos nos percatamos que lo que firmó fue ¡un contrato compraventa de su propiedad por un precio 8 veces menor que su valor real!, simulando que entregaba su casa a la caja con motivo de una venta.

El segundo es una joven mujer que al salir a sus compras de mercado encontró su fotografía pegada en los postes de su colonia, en donde la exponían públicamente como deudora, irresponsable, incluso haciendo uso de palabras que la catalogaban como “delincuente”.

Mejor no se deje presionar.

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