​El pasado veintitrés de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció mediante su comunicado número 076 un paquete de medidas de apoyo a deudores de la banca con el que pretendía la disminución del capital de las deudas, entre otros, para proteger la economía de las personas y las empresas.

A ocho días del anuncio que en nota informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se tituló como “Programa de Alivio a Deudores de la Banca”, la Asociación de Bancos de México (ABM) ha rechazado de manera terminante la posibilidad de que la banca sacrifique sus utilidades para hacer quitas de capital a los deudores, bajo el argumento que dichas medidas anunciadas no son obligatorias para los bancos.

Ante el desencuentro entre autoridades hacendarias y bancos ¿Qué nos queda a los deudores en este escenario de soluciones sin esperanzas y esperanzas sin soluciones?

Hace una semana reflexionábamos sobre el comunicado número 076, porque parecía más bien una forma de desviar la atención de la pregunta principal, sobre ¿qué está haciendo el gobierno por todas aquellas personas que por efectos de la pandemia, han visto afectados sus ingresos y su economía y que por el momento no pueden pagar sus deudas?

El cuestionamiento tuvo su origen desde aquel mes de marzo cuando el mismo gobierno decidió ser omiso y no proteger las fuentes de empleo ni a los empleadores, el mismo que todos los días anuncia que ayuda, y al que todos los días se le pregunta a quienes.

No perdamos de vista que los bancos manejan el dinero de los ahorradores, pues su negocio es captar recursos del público para prestarlo y obtener altos intereses por ello, lo cual salvo contadas excepciones ha funcionado bien durante años pues los índices de morosidad y cartera vencida no habían alcanzado las alarmantes cifras que ahora se presentan.

Pero qué pasa si aquellos que tienen la obligación de devolver lo prestado con todo e intereses -como lo son por lo menos los nueve millones de créditos que se apegaron a los plazos del diferimiento-, se encuentran aún en insolvencia justificada, si los acreedores ya no pueden esperar más. 

Nadie en su sano juicio puede desear que el sistema financiero mexicano se vea en riesgo de perder su estabilidad, porque ello conduciría al desastre, entonces ¿quién asumirá las pérdidas de ésta crisis? 

Estos asuntos ya no pueden estar fuera del interés de ninguno, tendremos que estar pendientes de las decisiones por acciones u omisiones que se vayan tomando al respecto, pues si bien el escenario aún no es claro, más vale estar seguros de dos cosas: no más dinero público para rescatar a los bancos, pues todavía no acabamos de pagar ¡ni los intereses del Fobaproa!; y que no nos pasen la cuenta a nosotros los deudores.

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