​A través de un audio de what’s app nos pide auxilio desde la Sierra de Zongolica, el profesor Tequiliquihua por un “crédito maestro” que les descuentan de su pago quincenal, quiere liquidar; pero no lo dejan, para poder cobrar más de intereses.

La Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar que ha emprendido el Barzón en Veracruz tiene como finalidad registrar, escuchar y atender a quienes en condiciones de necesidad, urgencia y vulnerabilidad se ven “cercados” por los abusos que cometen otorgantes de crédito en sus diversas modalidades; a fin de llevarles auxilio y buscar una pronta solución a su desesperación.

En éste diario esfuerzo recibimos quejas de todo tipo pudiendo identificar usura bancaria, usura legalizada, pero sin duda la que va en aumento es la usura institucionalizada, ¿a qué me refiero? 

A los convenios de “vigencia indefinida” que tienen celebrados las instituciones públicas con sociedades financieras para que éstas últimas puedan otorgar préstamos a los trabajadores, jubilados o pensionados, mientras aquellas descuentan los “abonos” del crédito de manera quincenal o mensual.

Todo ello en apariencia no tendría por qué tener algo de malo, salvo por el hecho de que al amparo de estos “tratos” los diversos sectores -como lo ha venido denunciando el magisterio veracruzano en los últimos días- se cometen una serie de abusos y arbitrariedades tanto en la imposición de intereses, como en la negativa a prestar un servicio financiero legal y eficiente como sería de esperarse.

Máxime que dichos contratos para prestar dinero están concesionados solo a algunas financieras que son seleccionadas a discreción, y sin verificar o evaluar  su desempeño con los acreditados, claro las beneficiadas tienen que pagar un porcentaje a la institución por hacerles la cobranza, ¿complicidad o corrupción?

Es decir, la usura; como se le conoce a la conducta que tiene como característica abusar en el cobro de intereses por un préstamo aprovechándose de la necesidad o urgencia de dinero de quien lo solicita, se está apoderando de nuestras instituciones. 

Y si el acreditado se queja con el retenedor de su sueldo y encargado de pagar a la financiera recibe como respuesta, que no hay solución pues se obligó a través de su firma a tal descuento mediante un  “mandato, o instrucción irrevocable”,  como en algunos contratos he podido advertir.

Desposeyendo al deudor ¡hasta de la voluntad de cambiar de opinión! respecto a dicho acuerdo o plantear alguna modificación al trato original cuando se advierte que se está pagando mucho más de lo que se recibió y se exige una aclaración.

¿De cuando acá nuestras Instituciones se han convertido en “cobradoras” o tiendas de raya de agiotistas?, ¿por qué el gobierno del cambio el de la Cuarta Transformación no ha tenido la voluntad de acabar con esas prácticas que están lastimando los derechos laborales de los trabajadores? 

Es necesario que reconsideren sobre ésta práctica, porque con ella se está contribuyendo a generar más pobreza sobre todo en un estado de emergencia económica y de salud. 

¿Aún no te has inscrito a la Jornada Estatal de Defensa del Patrimonio Familiar?

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