​El pasado 18 de febrero la Cámara de Senadores asestó un golpe más a la confianza que se les brindó al haberlos designado como nuestros representantes, atentaron ahora con lo poco que nos queda para subsistir de manera digna y autónoma, abrieron la puerta para poner a disposición de bancos y prestamistas nuestro sueldos y con ello nuestra libertad: Cobranza Delegada, lo llamaron.

Hubiese sido más honesto llamar a ésta iniciativa que aprobaron como “Ley de cobranza abreviada”, pues en los hechos consiste en proponer que los patrones se conviertan en cobradores de créditos a través de descontar del salario de los trabajadores el abono de la deuda, una versión moderna de las Tiendas de Raya que tanto auge tuvieron en la época de Porfirio Díaz.

Esos establecimientos se caracterizaban por ser la cúspide de la explotación de los trabajadores de las haciendas a quienes se les orillaba a tener que comprar a crédito productos y básicos de subsistencia, pues sus salarios de hambre no les alcanzaban, entonces adquirían deudas desde luego con muy altos intereses; el abuso no quedaba ahí, sino que si el trabajador acumulaba deudas impagables que heredaba a su descendencia pues no le alcanzaba la vida para pagar.

Y si se cambiaba de trabajo era perseguido y traído de regreso con su acreedor o hacendado para ocuparlo en servidumbre y así seguir abonando a la deuda, o sea que terminaba perdiendo hasta la libertad. De ahí que todo ése encono que se generó en el pueblo mexicano tras años de abusos que tuvieron lugar en esas tiendas de raya, derivaron precisamente en el levantamiento armado de la Revolución Mexicana, cuyos resultados de sobra conocemos.

Sin duda la iniciativa responde a el saldo vencido por ocho mil trescientos ochenta y cinco millones de pesos por morosidad en el rubro de créditos de nómina, y al éxito obtenido por las nomineras, o empresas que se dedican al giro de préstamos en efectivo a los trabajadores, cuyos pagos son cargados vía descuento directo de sus de por sí precarios sueldos.

Veracruz es un ejemplo a nivel nacional por la gran cantidad de afectados por este tipo de prácticas, en donde las dependencias del gobierno mantienen con celosa firmeza convenios privados con prestamistas que desangran quincenalmente lo mismo, a profesores, pensionados, jubilados, trabajadores al servicio de la salud, académicos, entre otros. La usura en las instituciones es un cáncer que se niega a salir, desde luego por los jugosos beneficios que representa para sus operarios.

La propuesta legislativa de cobranza delegada en créditos de nómina que se encuentra próxima a sesionarse en la Cámara de Diputados, propone volver legal algo que es inconstitucional como la inembargabilidad del salario.

Es decir quienes soliciten este tipo de créditos, autorizarán por escrito y de manera irrevocable a su acreditante para cobrarse de manera automática la deuda. La idea a simple vista no parecería mala, si no fuera por la terrible experiencia que diariamente viven los trabajadores afectados de éste mal, al ser víctimas de múltiples abusos de los prestamistas, quienes en la seguridad del pago cobijan la prepotencia, tráfico de influencias, poder, corrupción, y descaro al hacer como si nada pasara, a pesar de la evidente miseria en que han hundido a los asalariados. 

Las historias de personas, que a base de engaños, aceptaron reestructuras, o que pagan deudas sin fin cobrando únicamente 10 pesos por quincena no es un cuento de horror, es una realidad que ha sido posible gracias a la cobranza delegada a los patrones. 

Por eso debemos unirnos en una exigencia de rechazo absoluto a esta ley que traería de regreso a las tiendas de raya pues no podemos permitir que nuestra generación retroceda de un modo tan vil en el respeto a los derechos humanos que tanto nos ha costado conseguir.

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