​No, nadie que reciba, preste dinero y forme parte de la economía formal debe quedar exento de las leyes; y con mayor razón si se encarga de la atención a personas de bajos recursos como las Cajas de Ahorro, de ahí que el Estado debe establecer con urgencia los términos legales para ejercer las facultades de supervisión, regulación y sanción a quienes incurran en malas prácticas para proteger cabalmente a los ahorradores.

Las Cajas de ahorro, también conocidas como cooperativas de ahorro, cooperativas financieras, cajas populares, rurales o comunitarias, nacieron a la vida jurídica para ocuparse del sector social y atender a los campesinos, productores incluso amas de casa habitantes de zonas marginadas o rurales a donde los bancos no llegaban o simplemente no les resultaba realizar operaciones de ahorro y préstamo por razones de infraestructura, cuantía, o políticas propias de inclusión financiera. 

El espíritu o la finalidad de dirigirse al sector social, fue principalmente el brindar apoyo solidario a los lugareños en el desarrollo de su vida diaria, en sus siembras, cultivos o actividades económicas que les dieran sustento, a través de créditos pequeños y desde luego con una tasa de interés baja.

La realidad dista mucho de tal fin, pues, aunque la idea de asistencia, trabajo colaborativo -anteponiendo objetivos sociales-, gestión autónoma, transparente y distribución equitativa de las ganancias a los socios de la Caja, en búsqueda de una transformación social basada en la economía no es mala; éste ideal o principio ha quedado atrás, porque ha sido rebasado por los intereses particulares mezquinos de los verdaderos dueños u operarios de las cajas, quienes se comportan peor que empresarios banqueros. 

Pues los socios, son socios de papel, sin toma de decisiones reales, o participaciones efectivas, son vistos como “clientes” a quienes en principio se les requiere un pago para ser admitidos a la caja, y ya una vez ahí, lo importante no es su ahorro; sino cuanto se le pueda prestar, y entre mas alta la cantidad mejor pues mas jugosos serán los intereses que cobren los administradores de la caja. 

Su ahorro es la condición o el pase para poderles prestar dinero. Así que se les presiona para que, si necesitan pedir un crédito, consigan dinero prestado en algún lugar para aumentar su fondo de ahorro y entonces poderles prestar una cantidad mayor, es decir, quien tenga ahorrado 20 mil pesos podrá tener derecho a que le presten 40 mil, de los cuales, la mitad, ¡es su propio ahorro!, ah, pero eso sí, les cobran intereses por el total prestado, sin considerar que solo les están prestando la mitad de la cantidad total por la que les hacen firmar un pagaré. Para que en caso de fallar en el pago que les exigen, puedan demandarlos en un juzgado, sin considerar que son socios, y cobrarles hasta su propio dinero.

¿¡Cuál es la lógica de esa modalidad de préstamo?! ¿Prestarte tu propio dinero? Y pagar intereses de tu dinero, para ganancia de la Caja. ¡No, eso no es economía social señores!

Aunado a que el ahorro sirve como garantía de pago, les exigen garantías extras como la firma de avales -dos socios de la misma caja-, a quienes les harán perder su dinero en caso de que su “avalado” no pague, por lo que éstos llegan a jugar el papel de cobradores para presionar a quien se atrase, incluso ir a buscarlo hasta su casa, para que se presente a pagar a la brevedad. El miedo, la zozobra y el repudio de la comunidad, son el mayor temor de quienes se atreven a convertirse en socios de la caja, por lo cual, hasta aquí llegan personas literalmente “ahogadas” en deudas, quienes han tenido que pedir múltiples préstamos a otras cajas o financieras para no quedar mal.

Por eso me permito cuestionar, ¿acaso esto es una verdadera economía social?, desde luego que no; es la mejor y mas impune oportunidad de negocio para oportunistas, gracias en parte a la ausencia de leyes que impiden que las autoridades financieras tengan verdaderas facultades para supervisarlos. 

Así que llamo a todos a reflexionar sobre este tema, esto no puede seguir así y a los legisladores federales a ocuparse en hacer leyes en materia de ahorro y crédito popular que sirvan para frenar estas abusivas prácticas, y las que se derivan del limbo legal en el que actualmente se encuentran.

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