Campesinas, autoempleadas, emprendedoras, habitantes de comunidades rurales y marginadas, ellas, el principal mercado de las cajas de ahorro populares; viven una vulnerabilidad múltiple ante el uso de microcréditos escasamente regulados, ser mujeres impedidas económica, social y culturalmente para acceder a la justicia y la indiferencia de la sociedad y sus instituciones para crear leyes que les protejan de manera efectiva de los abusos de sus explotadores.
Magdalena, nombre usado para proteger su identidad, es una mujer que vive en Teocelo, Veracruz en compañía de su familia, compuesta por un esposo, tres hijos y su madre enferma, dedicada a la venta de antojitos y a vender lo que se pueda cuando no hay en donde emplearse, recurrió en busca de apoyo no a una, sino a dos cajas de ahorros de la región.
En ambas tuvo que pagar su certificado de aportación para poder ser socia de la caja y poder pedir, con respaldo de sus ahorros y avales, un pequeño préstamo que le permitiera financiar la masa y los recaudos para la elaboración y venta de antojitos, de esa manera aparte de las labores domésticas ayudaba al sustento familiar.
En la primera caja pidió diez mil pesos, no sin antes contar con un ahorro de cinco mil, que le daba el derecho de pedir el préstamo, a pagar en abonos semanales en donde se le incluía el interés sobre lo prestado, que en realidad fueron solo cinco mil pues la diferencia era su mismo dinero ahorrado, y ahora dado en préstamo.
Con el paso del tiempo y sin poder completar el pago total de la deuda, pero faltándole apenas una parte, fue notificada por el cobrador de que se le cobraría la deuda con el ahorro de su aval (otra mujer, en iguales condiciones de pobreza) pero que aun así seguiría su cuenta aumentando por lo del interés, pues a pesar de que ella también perdería sus ahorros, no alcanzaba a pagar.
Desesperada por la situación, con su madre enferma y habiendo perdido su negocio de antojitos, quebrado a causa de los pagos semanales, y el esposo desempleado una vecina le recomendó una caja, “mas noble”; la desesperación la hizo aceptar y no dudó en pagar para hacerse socia de la caja.
Al cabo de un tiempo, como pudo y con las presiones de la cobranza de la primera caja encima, logró completar para pedir cinco mil pesos y abonarlos a su deuda.
Para ese entonces la primera caja ya había procedido legalmente en su contra, pues a su casa, llegó una demanda con orden de embargo que recibió su madre. Desencajada por la falta de humanidad de los cobradores, acudió con el citatorio del juzgado a dialogar con el cobrador, quien le pidió más dinero para hacer un convenio. Lo cual hizo y nuevamente pagó.
Dicho convenio nunca llegó al juzgado y la caja se quedó con su dinero; ahora, después de revisar su caso y obtener una asesoría se enteró que ya está sentenciada, pues la caja le cobró la deuda completa omitiendo informar al juzgado de los pagos que de ella había recibido, y la acusación ante el juez era que María, era una persona morosa y defraudadora, solicitando se le iniciara un proceso penal (criminal) por pedir dinero con la intención de no pagarlo, y por carecer de bienes para responder por el dinero.
¿Que por qué no contestó la demanda cuando el juez le pidió hacerlo? Con los comprobantes de todos los pagos que ha hecho en la mano, responde; porque no sabía que tenía que ir al juzgado, yo fui solo a la caja, porque primero sí fui al juzgado pero ahí me dijeron que no sabían de mi caso y que buscara a un abogado ¿Un abogado? y, ¿de dónde sacaría para contratar a un abogado?
De la segunda caja también ya tiene demanda.
Ellas son las mujeres invisibles, las olvidadas, por las que nadie levanta la voz ni reclama, por el contrario a quienes se les acusa de pedir dinero en todos lados, para usarlo en “quien sabe qué”…
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