​El pasado 12 de mayo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció para los capitalinos los avances de un convenio que dijo suscribirá con el Infonavit; se habla de congelar las deudas por créditos hipotecarios que hayan sido otorgados por el fondo de vivienda, acabar con las deudas impagables y evitar los incrementos anuales en dichos créditos. 

Ello sin que hasta el momento hayan sido dados a conocer los detalles, pormenores, y restricciones que contempla dicho plan, no se niega, que el solo anuncio ya es de llamar la atención por lo ambicioso que promete ser, y a la vez por lo irreal que seguro será.

Esos tres puntos parecen leer la mente de todos aquellos trabajadores y derechohabientes que sueñan con pagarle a Infonavit la deuda de su casa. Y con el deseo de todo mexicano que le debe al fondo, ¡que la deuda ya no suba!

Y es que apenas una semana antes del anuncio de la señora Sheinbaum, fue presentado por el gobierno de la república el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) cuyas líneas casi todos conocemos, si somos cuidadosos en observar no se ha dado a conocer ningún tipo de apoyo a las personas en situación de deuda con bancos, hipotecarias, financieras y demás entes que integran el sector financiero formal. 

Tampoco vemos a los bancos, ofreciendo “rescates” o planes de apoyo a sus clientes en conflicto con el pago puntual por falta de liquidez, como los que se observaron en marzo 2020, cuando al inicio de la pandemia se decretó una tregua (vía diferimiento) al cobro de los pagos mensuales, mismos que en la mayoría de los casos resultó insuficiente y en otros contraproducente, pues de todos modos -a pesar del anuncio de cero intereses- estos se cobraron, y vinieron a sumarse al capital y a los nuevos intereses.

Por el contrario, lo que sí se percibe es un notable incremento en el número de nuevos juicios, remates de viviendas, y mayores garantías judiciales para los acreedores; menos cobranza extrajudicial y más cobranza judicial.

Con las cifras de inflación históricas que se viven, el incremento en el costo de la vida y la falta de medios para cubrir los pendientes, aunque se quiera, sumado a la cerrazón de los acreedores por negociar los adeudos, urge un plan que aborde de manera clara la problemática de la cartera vencida y la moratoria, un plan que sea impulsado por el gobierno con la audiencia y el consenso de todos aquellos quienes en este momento se enfrentan a lo imposible que es pagar sus deudas.

Pero, hacerlo sería reconocer la crisis que se vive, y quizá hasta tomar en la solución, parte de la responsabilidad de esa incapacidad de pago que se viene arrastrando desde antes de la pandemia, y que se vino a complicar con esta, por el desempleo y la falta de medidas oportunas adoptadas. 

Puede ser este el motivo por el cual, no vemos, ni veremos hablar de modo abierto y directo sobre el tema, como si quisiera ocultarse lo que en breve ya no será posible, pues la preocupación sobre el futuro económico que nos depara en los próximos meses no cede. 

Aunque suene trillado, sin duda el primer paso para lograr lo que no se logró en el 94’ es quejarse a tiempo, reconocer la incapacidad que se tiene para completar los compromisos y externar esa necesidad de ayuda. En aquellas fechas el gobierno desplegó de inmediato una ofensiva mediática en donde a los quejosos les voltearon los papeles, y se les etiquetó como irresponsables, manirrotos, mala paga, culpables de pedir lo que no podían pagar, y después vino el Fobaproa.

Estemos pendientes pues de lo que suceda con este primer anuncio que se hace sobre deudas hipotecarias, que en mi opinión suena más a demagogia, que a verdadero apoyo. Resta mucho por abordar acerca del Infonavit y creo que este punto abrirá el tema a debate sobre los grandes pendientes que subsisten en la promesa de renovación del Instituto.

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